La aprobación del Proyecto de Ley de la reforma laboral en la Comisión de Trabajo del Congreso, contó con los votos socialistas y con las abstenciones de CiU y de PNV, repitiendo la aplicación, ya habitual, de esta nueva fase de la llamada «geometría variable» que consiste en que los grupos nacionalistas permiten con su abstención sacar adelante las medidas económicas del Gobierno. El PP, la izquierda y los integrantes del grupo mixto votaron en contra.
El Partido Popular mantiene su estrategia de bloqueo a cualquier negociación con resultado positivo que pueda ayudar a que el Gobierno afiance una nueva política económica que, bien es sabido, responde a las necesidades que desde Bruselas, los mercados y la patronal – una de las más politizadas de Europa- se plantean con urgencia.
El giro del Gobierno desde que Rodríguez Zapatero anunció las medidas de ajuste no ha despertado ninguna simpatía parlamentaria y, en este caso, aunque se mantuvo por parte del Grupo Socialista en el Congreso una posición abierta a la admisión de enmiendas, el resultado final ha confirmado que los asuntos económicos, a pesar de las circunstancias que atraviesa el país, están supeditados a los intereses políticos de los grupos que miran más al calendario electoral que a las estrategias, acertadas o no, contra la crisis económica y el drama galopante del desempleo.
No deja de ser paradójico que la insistencia planteada durante meses para actuar que reclamaba el PP en todas sus manifestaciones públicas, no se materialice en ninguna posición constructiva ahora que el gobierno del PSOE ha tomado un camino de vuelta en cuanto a reformar aspectos sustanciales del mercado laboral que, por cierto, no cuentan con la simpatía de la izquierda y mucho menos de los sindicatos.
Y es más sorprendente que el argumento esgrimido por los portavoces durante el debate en la Comisión haya girado en torno a los tiempos o la “precipitación” del gobierno en el trámite legislativo. Que la portavoz del Grupo Mixto, Olaia Fernández, haya planteado la conveniencia de haber dejado este asunto para la agenda de septiembre, define con claridad cuáles son las prioridades y la iniciativa que cada uno está dispuesto a asumir.
Se discrepa de su contenido, de la orientación y de la derechización del gobierno, pero la derecha, siguiendo el cálculo de la consigna “elecciones anticipadas”, no está dispuesta a asumir ningún coste si este puede pagarlo íntegramente el partido del gobierno.
Seguramente esto es la política. Debilitar al adversario. Pero hay otra Política, con mayúsculas, que consiste en atender los intereses del país por encima de todo. Si se discrepa del contenido, negóciese, pues al parecer, el camino, según señalan los grandes actores económicos y los estadistas internacionales, es el correcto para afrontar la crisis. Lo que no vale es superponer los juegos de aritmética electoral a las urgentes demandas tan reclamadas durante dos años.
Otra cosa bien distinta es la actitud de la izquierda del PSOE, que, defendiendo honestamente una estrategia de mantenimiento de los derechos adquiridos de los trabajadores se enfrenta a las propuestas planteadas denunciando la precarización del empleo sin atender las reivindicaciones y los planteamientos de los grandes sindicatos de clase.
Y ésta es otra cuestión de no menos importancia: la respuesta social a una reforma que no cuenta con respaldo sindical. En septiembre, la anunciada huelga general establecerá el campo de juego social de estos movimientos. El juego parlamentario terminará y comenzará la hora de los ciudadanos que sabrán quien dice una cosa y hace otra y, también, cuales son las consecuencias de los cambios que ha asumido el gobierno de Zapatero.
Otro otoño, previsiblemente caliente, que comenzará en Rodiezmo.
Rafael García Rico