No son pocas las voces que en los últimos tiempos piden de forma activa e inequívoca la disolución anticipada de las Cámaras y la convocatoria de elecciones parlamentarias cuyo último objetivo sería la renovación (o confirmación) del actual Gobierno. Es conocida mi falta de confianza en la capacidad de este Gobierno para hacer frente a la situación económica y política en la que se encuentra España, no obstante lo cual debo confesar que abrigo ciertas dudas sobre el escenario que se configuraría tras dicha consulta al electorado y cómo afectaría dicho escenario a la evolución de nuestra dramática coyuntura económica.
Uno tiene la impresión de que en años recientes se ha ido extendiendo la convicción generalizada de que, no sólo el entorno económico, sino también el político de nuestro país se ve afectado por un proceso de degeneración que se antoja irreversible. En estas circunstancias, es más que probable que la llamada a las urnas encuentre oídos sordos en muchos ciudadanos que, no tanto por irresponsabilidad como por hartazgo, decidan dar la espalda a la convocatoria por efecto de la convicción antes mencionada. Y es igualmente probable que dicha apatía electoral afecte en mayor medida a esa franja significativa de ciudadanos cuyas motivaciones de voto están menos conectadas con el sectarismo o la movilización sentimental, de suerte que el resultado de los comicios se derive de la confirmación respectiva de las potentes bases incondicionales de los dos grandes partidos, sin que se vislumbre una mayoría de gobierno claramente refrendada por las urnas.
En estas circunstancias, parece difícil que nuestros políticos vayan a descubrir su lado anglosajón y ser capaces de articular una alianza para sustentar una mayoría de gobierno en torno a un programa de reformas estructurales en el plazo de unos pocos días. Los dos principales partidos interpretarán que no han sido claramente censurados por los votantes (aunque tampoco habrán sido claramente respaldados). Es más razonable pensar que las alianzas pivotarán, como en el pasado, sobre los acuerdos con minorías nacionalistas cuyo sentido de la responsabilidad nacional es, por definición, escaso, con el agravante de que la actual situación económica no permite al partido que esté tratando de construir la mayoría disponer de la abultada chequera con la que en 1993, en 1996 y a partir del 2004 se ha venido utilizando para engrasar tales acuerdos. Francamente, en esta coyuntura casi parece más deseable que el Gobierno continúe la tendencia iniciada hace sólo una semana y dedique algún esfuerzo a tomar decisiones, cuyo efecto debe ser inmediato para ser útil. Tal vez la cooperación que precise del principal partido de la oposición sea simplemente la de una abstención no exenta de capacidad crítica. Y si sobrevivimos a esto, podremos seguir celebrando las elecciones que nos tocan en las fechas previstas. Mi propuesta exige altura de miras a la oposición y mayor grandeza aún al Gobierno. Difícil, pero no imposible.
Juan Carlos Olarra