Montilla reclama en catalán, castellano, gallego y euskera en el Senado la renovación del Tribunal Constitucional, que a su juicio está “deslegitimado moralmente, aunque no legalmente”, y advierte sobre una situación que “pone en riesgo el pacto constitucional y las relaciones institucionales, políticas y afectivas” de su Comunidad con el resto de España.
Montilla pide en cuatro lenguas españolas la máxima “serenidad y prudencia” al Alto Tribunal aunque no se aplicó la misma medida. Sus palabras no tienen cualquier valor, son las de la más alta representación institucional de Cataluña. Aunque dejó abierto el sentido en una elipsis: dijo no tener “la más mínima intención de ir ni un milímetro más allá de la Constitución ni tampoco de quedarme ni un milímetro antes del Estatut”. Es posible que tenga la fórmula, pero no la explicitó.
Manuel Chaves arropa a Montilla y considera “anómala” la situación del TC. Tras la comparecencia, el PSOE anuncia su disposición a “hacer lo que sea” para facilitar la renovación del Tribunal y sugiere que podrían aceptar los candidatos que propuso el PP y que habían rechazado en su día, si el partido de Rajoy no mueve ficha. El desconcierto cunde. El senador Vilajoana (CiU) había ido más lejos al pedir “que se respete la voz de los catalanes” y que “la última palabra sobre el Estatuto la tenga el pueblo de Catalunya y no el TC”. Entre los argumentos recurrentes contra el bloqueo del TC está, además de la prórroga de cuatro magistrados y las dos vacantes, el de los seis intentos fallidos de dictar una sentencia en 44 meses. Tal vez esa parálisis no tenga mucho que ver con la composición del Tribunal y sí con la dificultad de conciliar el Estatut y la Constitución.
En otros lares, las prioridades son otras. A un año de las próximas elecciones locales y autonómicas en comunidades como la de Castilla-La Mancha, el presidente José María Barreda reduce a 7 las consejerías del Gobierno. Nada menos que a la mitad de las que se constituyeron en la formación de su Gobierno en su día, hace tres años. El presidente socialista lo propone como un ejemplo hacia los que sufren los efectos de la crisis. Pasó de 14 consejerías a 10 y, ahora, a 7. Ha puesto el listón muy alto a sus colegas autonómicos.
También el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Pedro Castro, toma la bandera del discurso firme ante la crisis y defiende que el Gobierno “tome las medidas que tenga que tomar, por duras que sean”. Castro pide a la oposición “sentido de Estado”. No son tiempos para afear la conducta a quienes votaron al PP. En momentos de crisis hay prioridades.
Chelo Aparicio