El día de ayer fue desgraciado para la estabilidad institucional de un país sumido en una crisis que va más allá de lo que aparenta. Y aparenta mucho. Con la comparecencia del presidente de Cataluña en el Senado hemos bajado un escalón más en la valoración razonable de lo que pueda ser el pacto constitucional que ya no es la Constitución, sino la interpretación interesada de quién pueda someter a los demás a presión o chantaje. Parece que si el Tribunal Constitucional, en su tortuosa andadura, estima que el texto del Estatuto no se ajusta a la Constitución se rompe el pacto constitucional. Es decir, no lo rompe una ley que vulnera aquella, sino el hecho de que la Carta Magna no se ajuste a los intereses políticos de unos cuantos. Tan pasmoso como escuchar algo así de un representante tan cualificado del Estado es el planteamiento de que su voluntad, por muy ratificada que esté en su comunidad autónoma (no hay más que ver, si se me permite la ironía, el entusiasmo que el Estatuto suscitó en los votantes del referéndum), debe ser aceptada con el argumento de que tiene que respetarse a Cataluña, que, según esta interpretación, debe ser algo ajeno a las leyes y a las reglas procedimentales.
Por si fuera poco, el PSOE, en plena confusión, sumido en el caos intelectual, se propone iniciar la lamentable comedia de un supuesta renovación inmediata de los magistrados del Constitucional. ¿Argumentos? Primero, que no se ha aprobado el sexto borrador de la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. Supone una nueva rectificación de la política oficial: ni hay que dejar al Tribunal que trabaje con tranquilidad ni los magistrados son ajenos a las deficiencias de los políticos, que es lo que, con sentido común que ha durado bien poco, dijo el presidente en el Congreso. Pero, además, se mantiene con descaro la manipulación política del Constitucional: si ponéis pegas, si no llegáis a un acuerdo, os cambiamos y se terminó. La renovación de los magistrados ha dejado de ser lo que se decía retóricamente -un ejercicio de normalidad- para convertirse con descaro en una maniobra para intereses partidistas.
La realidad es que el PSOE y Montilla saben que el borrador más favorable al Estatuto de los que se han puesto sobre la mesa (y que no fue aceptado por los más críticos) era ya un varapalo de consideración al texto hoy vigente. Y todos sabemos que estamos asistiendo a maniobras políticas que tienen más que ver con las elecciones catalanas que con la constitucionalidad del texto. Si hay que intentar ganar las elecciones (más bien perderlas por menos) y aplacar al “partido hermano” de los socialistas catalanes, qué demonios va a importar, tal y como están las cosas, la Constitución, la estabilidad institucional y el sentido común.
El segundo argumento esgrimido es que, con este intento chusco de renovación, que no responde a ningún criterio serio (y ciertamente los hay), el PSOE quiere que el PP “se retrate” al mismo tiempo que sigue negando la cuota de la oposición sin proponer un sistema de elección distinto y que asegure la independencia. Es una estafa (a los ciudadanos más que al PP) de tales dimensiones que asusta en un partido pretendidamente serio como el de los socialistas españoles.
Germán Yanke