Tras décadas de comodidad en el Estado del Bienestar y años de gasto de estímulo keynesiano, Europa contempla la alarmante llegada de políticas de austeridad. Ofendidos deudores como Grecia, España o Portugal se están viendo obligados a implantar subidas tributarias y recortes del gasto que son dolorosos, impopulares, y que son sólo el principio. Sus ciudadanos echan pestes y a veces piedras contra las fuerzas del orden. Ofendidos acreedores como Alemania extienden rescates al tiempo que se preguntan por qué se les ocurriría unir su destino (y el valor de su divisa) a gobiernos tan irresponsables.
Los que no están resentidos están aterrados. Gran Bretaña -con un déficit que como porcentaje de su economía es superior al de Grecia- ha constituido un Gobierno de coalición unido por poco más que el compromiso con la disciplina presupuestaria. La innovación constitucional de conservar el actual Parlamento durante los próximos cinco años está diseñada para garantizar a acreedores y mercados que el Gobierno de David Cameron será lo bastante estable para tomar las difíciles decisiones fiscales.
Toda crisis presupuestaria inminente se transforma con el tiempo en una prueba de fuego política, una prueba de previsión política y disciplina, o una prueba de gestión de crisis. Y América no es una excepción.
Durante el ejercicio 2009, el Gobierno federal gastó 1,67 dólares por cada dólar que recaudó. Las propuestas presupuestarias de la Administración Obama elevarán de forma dramática la deuda pública del Estado como porcentaje de la economía durante la próxima década, deprimiendo eventualmente el crecimiento económico, alimentando la inflación y volviendo a América más dependiente de la amabilidad de los acreedores.
¿Cómo ha respondido hasta la fecha nuestro sistema político? El Congreso encontraba hace poco 60.000 millones de dólares en ahorros del programa federal de préstamos estudiantiles, y enseguida gastaba la mayor parte de ellos en otros proyectos de educación. La reforma sanitaria del presidente Obama recortará poco más de 350.000 millones de dólares del gasto de Medicare, e inundará de ese dinero y más las nuevas prestaciones sanitarias.
Esto sólo puede prolongarse durante el tiempo en que un desafío más parecido al de Gran Bretaña se convierte en un destino más parecido al de Grecia. América está a punto de entrar en su propio periodo de austeridad, que es probable que sea la realidad política imperante durante la próxima década. El nuevo juego tendrá pocos ganadores y muchos perdedores.
Si el Gobierno federal toma en serio las reducciones del gasto, la primera andanada de austeridad castigará a los Estados y a los funcionarios públicos. La inyección de líquido salida del paquete de estímulo aprobado el año pasado enmascaró temporalmente la insostenible situación fiscal en la que se encuentran muchos Estados. Pero no habrá más paquetes de estímulo. Algunos de los Estados más grandes -California, Nueva York- están al borde de la suspensión de pagos. Y sólo van a lograr importantes reducciones del gasto limitando sus pensiones y recortando los sistemas de compensación de sus funcionarios. Esto va a despertar un serio enfrentamiento entre los gobiernos estatales y el movimiento sindical, puesto que la mayoría de los obreros sindicales la constituyen hoy los funcionarios públicos. Los gobernadores demócratas, elegidos con el apoyo de los sindicatos, van camino de vivir tiempos particularmente interesantes.
En la política de austeridad, otro grupo de probables perdedores son los estadounidenses de clase media de cuarenta y tantos años. No puede haber reducción seria del gasto federal sin reforma de las pensiones. La seguridad social y Medicare habrán de ser transformados con el tiempo de programas sociales para la clase media a los que se accede por edad en programas sociales para aquellos de rentas más bajas. Dentro de cualquier reforma de las prestaciones, los estadounidenses próximos a o con la edad de jubilación probablemente queden exentos. Los jóvenes necesitarán décadas para tener recursos que destinar a una nueva estructura de prestación. Las personas de mediana edad y clase media pueden quedar atrapadas, bueno, en medio.
Y los mayores perdedores de todos pueden ser los políticos responsables que aborden seriamente estas realidades. Los cambios necesarios no van a parecerse a los convenios de reducción del déficit relativamente indoloros de 1990 o 1993. Esta ronda puede exigir no sólo recursos que pondrán a prueba la seguridad social o Medicare sino la reducción o eliminación de derechos sociales de la clase media como la deducción por compra de una casa o la exención tributaria de los planes de pensiones de las plantillas de las empresas. Puede que a algunos políticos se les pida que sacrifiquen sus carreras en aras de una causa importante.
A causa de las dificultades, es posible que el Gobierno federal no sea riguroso con los recortes del gasto. Los funcionarios públicos y los ancianos de clase media, después de todo, constituyen influyentes grupos de electores. La alternativa consiste en abordar la reducción del déficit a través principalmente de subidas tributarias -puede que un impuesto al consumo más o un impuesto sobre el valor añadido. Pero este enfoque implicaría un desplazamiento masivo de recursos del sector privado al sector público, empobreciendo a mucha gente para beneficio de los electorados favorecidos por los intereses políticos. Para sostener los expansivos compromisos públicos, los estadounidenses se verán obligados a aceptar un menor crecimiento económico y una creación de empleo más débil. Y puede que a los votantes de clase media los impuestos más altos no les gusten mucho más que las reducidas prestaciones.
Una época de austeridad es un momento triste e ingrato para meterse en política, pero también importante.
© 2010, The Washington Post Writers Group
Michael Gerson