viernes, marzo 29, 2024
- Publicidad -

No está el horno para bollos

No te pierdas...

Tras la enmienda a la totalidad que Rodríguez Zapatero ha hecho a su propio programa político, el clima de desasosiego circula libre por España, a la espera de lo que queda por llegar: lo más seguro, el decretazo de la reforma laboral si los sindicatos y la patronal no se ponen de acuerdo de aquí a fin de mes, y la presumible subida de impuestos. La situación es grave, si no dramática, como ha reconocido el secretario de Estado José Manuel Campa. Y pese a las nubes borrascosas de nuestra economía y al fracaso de la política del Gobierno, conviene mantener la cabeza fría en evitación de males mayores.

Los análisis que se hacen tras el miércoles negro de Zapatero coinciden en que el presidente del Gobierno ha podido tomar el camino más corto hacia la pérdida de las elecciones. Entre las voces que le piden elecciones anticipadas y quienes instan a Rajoy a que presente la moción de censura, nadie se muestra indiferente ante el mayor recorte en el gasto social ocurrido en España, que tumba de un plumazo los pilares sobre los que el secretario general del PSOE había montado el castillo de su política en ayuda de parados, pensionistas y clases desfavorecidas. El castillo, como se ve, era de naipes.

No faltan razones para la protesta. De forma casi automática al anuncio del catálogo de recortes, el sindicato de funcionarios CSIF y CCOO y UGT adelantaron el calendario de movilizaciones de los empleados públicos, que culminará, por ahora, el 2 de junio con una huelga en las Administraciones central, autonómica y local. Ni el derecho de huelga ni el sentido común se oponen a este acuerdo unánime de los representantes de los funcionarios, que sufrirán en su economía, y a partir del 1 de junio, un descuento del 5 por ciento en sus haberes y la congelación salarial en el 2011. De momento, se trata del único sector movilizado, pese a que las rebajas afectan asimismo a pensionistas, dependientes, madres gestantes y público en general a través de la subida de dos puntos del IVA. No tardará en dejarse sentir el brutal recorte de la inversión pública (unos seis mil millones de euros), que tendrá especial incidencia en el Ministerio gastador por antonomasia: el de Fomento. De este suprimido renglón presupuestario se derivará más paro y menor actividad económica, según afirman los expertos.

Pocas veces en más de treinta años de democracia hubiera estado tan justificada la protesta de trabajadores, pensionistas, funcionarios y ciudadanos de toda laya, excepción hecha de las grandes fortunas, que con este plan de ajuste se van de rositas. Y pocas veces los sindicatos estarían tan sobrados de razones para convocar lo que parece inevitable: la huelga general. Pero sería menester que antes de dar ese paso, última carta de todas las barajas de negociación y diálogo, los legítimos representantes del mundo laboral se lo piensen hasta diez veces, porque la huelga general no es la solución de nada en la situación desoladora en que nos encontramos. Ni se conseguiría que el Gobierno diese marcha atrás porque las medidas de obligado cumplimiento le han venido impuestas a España por el Ecofin y recomendadas por Obama.

La huelga general es el desiderátum, el fracaso colectivo y la culminación de todo antiproyecto que, además, a partir de entonces tiene muy difícil recomposición. Establecido el derecho de huelga en nuestra Constitución, ningún Gobierno de la democracia se ha atrevido a desarrollarlo en la correspondiente Ley, por lo que al no estar regulado sus efectos se disparan en forma de fuego graneado de consecuencias harto negativas para la convivencia y la solución de los problemas. Los líderes sindicales tienen que ponerse a cavilar sobre su conveniencia en estos momentos de postración de un Gobierno acabado y de una economía con síntomas de rigor mortis. Pero mucho nos tememos que, pese a las muestras de sensatez que han venido dando Méndez y Toxo, la presión desde abajo rompa el dique de la prudencia y se imponga, finalmente, la convocatoria de paro general en España. A no tardar.

Y el remedio sería peor que la enfermedad. Cabe exigir la minoración de algunos de los puntos del catálogo de rebajas de Zapatero (el asunto de las pensiones clama al cielo) y al mismo tiempo luchar porque la presión fiscal sea realmente equitativa, de suerte que se cumpla ese principio hoy olvidado por nuestra Hacienda Pública: que pague más quien más tiene. Porque aun comprendiendo la santa indignación del común de los mortales, reflejada ya en las encuestas: en un solo día, el 12 de mayo, el PP se ha disparado nueve puntos por encima del PSOE en intención de voto; aun participando del monumental cabreo de nuestros compatriotas, es la hora de la responsabilidad y de las actuaciones cívicas. Sencillamente porque no está el horno para bollos.

Francisco Giménez-Alemán

Relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

- Publicidad -

Últimas noticias

- Publicidad -