jueves, diciembre 8, 2022

Economía y seguridad jurídica van de la mano

Era lógico que este lunes se reuniera asistencia de lujo en el madrileño Club Siglo XXI para escuchar la conferencia que, dentro del ciclo dedicado nada menos que a “La salida de la crisis”, pronunció el presidente del Consejo General del Notariado, el prestigioso y brillante notario sevillano Antonio Ojeda, profesional alguna vez tentado por la política, en la que cosechó relevantes éxitos, pero dedicado ahora exclusivamente, por la elección de sus compañeros decanos de toda España, a gestionar la eficaz adaptación del Notariado a las nuevas circunstancias de la Sociedad de la Información y a su contribución a la lucha contra la crisis económica. Nadie puede discutir la veracidad y el rigor del concepto, de extraordinaria importancia, sobre el que sustentó su conferencia ante los socios del Club: “La crisis ha puesto de manifiesto que nuestro sistema económico se basa en la seguridad jurídica, un principio que la Constitución reconoce y garantiza. Donde falla la seguridad jurídica, falla también la economía en general”. Lo que lleva de la mano a una reflexión inicial de extraordinaria importancia en torno a algo tan valioso como es la seguridad jurídica preventiva, que Antonio Ojeda explicó de forma clara y transparente: “Trata, no de resolver conflictos, sino de organizar la vida social y económica de tal forma que los conflictos no se produzcan y que no sea preciso recurrir al juez para su resolución”.

Esto conduce de la mano al ámbito específico de su competencia profesional, ya que la fe pública notarial es la institución básica de la justicia preventiva, en torno a la cual se construye la seguridad jurídica en el mundo económico y social. Y es que ciertamente, como señaló el presidente de los notarios españoles, “la piedra angular de la seguridad jurídica preventiva es el documento público, en la medida en que éste ofrece una serie de garantías de las que carece el documento privado, y advirtió con énfasis que no cabe confundir documento público y firma electrónica. Cada cosa en su sitio: el documento electrónico no garantiza propiamente la seguridad jurídica. El documento notarial es, por definición, el documento público, y así se vive en la totalidad de los países europeos. Lo que el notario autoriza tiene una presunción de veracidad y eficacia que constituye la esencia del sistema, con lo que, en palabras del conferenciante, “el tráfico jurídico, que es, por supuesto, en grandísima parte, tráfico mercantil y económico, alcanza el nivel de seguridad deseable y exigible, desde luego, en un país inserto en el espacio jurídico europeo”.

Indicó Antonio Ojeda que el Cuerpo Notarial está constituido en España por casi 3.000 notarios repartidos por prácticamente todo el territorio del país. Pero como todos tenemos derecho a elegir libremente al notario, la competencia básica de estos profesionales es en calidad, no en precio. De hecho, todo el sistema de la seguridad jurídica preventiva se financia con el arancel -que es el medio por el que se retribuye la función notarial- y sin ningún coste para el Estado. Los aranceles los establece el Gobierno. El dato real es que los costes notariales en España son de los más bajos de la Unión Europea, sólo por encima de Portugal.

Explicó el presidente de los notarios que la apertura hacia las nuevas tecnologías se ha convertido en una constante de la actividad corporativa del Notariado, lo que ha supuesto una inversión en los últimos nueve años de unos 40 millones de euros, financiados exclusivamente a través de los aranceles percibidos por los notarios, así como su mantenimiento y actualización. De hecho, el Notariado español ha constituido la más potente y tecnológicamente más avanzada plataforma digital de España, que permite a todas las notarías de la nación estar interconectadas entre sí y con el  Consejo General del Notariado, con plenas garantías de seguridad. Así puede legítimamente el presidente de los notarios, enorgullecerse de que su corporación profesional, con enormes gastos, ha contribuido a dotar de mayor seguridad a las transacciones, reduciéndose el riesgo de incidencias negativas derivadas de la falta de sincronía entre la autorización notarial y la registral. Y como explicó Antonio Ojeda, este riesgo se reducirá mucho más cuando sea posible el acceso directo por el notario y en tiempo real al contenido de los Libros del Registro de la Propiedad.

Todo este servicio notarial no se presta ciertamente sin esfuerzos y elevados costes. Para poner en marcha su plan estratégico de modernización, el Notariado creó en el 2002 la Agencia Notarial de Certificación (ANCERT), mediante la cual los tres mil notarios españoles tienen firma electrónica reconocida. Y si el notariado es exigente con la Administración, lo hace desde una colaboración leal, para la que no regatea esfuerzos ni costes. Por ejemplo, el Notariado presta un enorme servicio a la Administración Pública en sectores tales como la prevención y lucha contra blanqueo de capitales y el fraude fiscal. Esta colaboración se vehicula fundamentalmente a través del Índice Único Informatizado, una base de datos que contiene información de todos los documentos y escrituras públicas autorizadas ante notario. Los datos de este índice permiten al Notariado colaborar en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales remitiendo operaciones sospechosas al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y a las autoridades judiciales y a la Agencia Tributaria.

En la parte final de su intervención el presidente del Consejo General del Notariado hizo un apunte de extraordinaria importancia, al afirmar que “la inexistencia de una información real, transparente y accesible telemáticamente sobre el territorio (en sus aspectos jurídicos y físicos), es una de la razones del estallido de la burbuja inmobiliaria, rasgo distintivo de nuestra crisis económica”.

Al final de su conferencia, el presidente de los notarios se refirió, con legítimo orgullo, a los resultados de la reciente encuesta de Metroscopia, en la que una gran mayoría de los encuestados valoraron muy positivamente la función notarial -de hecho, colocan al Notariado como una de las tres instituciones mejor valoradas- y la seguridad que aporta a los negocios y actos jurídicos, pronunciándose a favor de que los notarios puedan acceder directamente a los libros del Registro, para aumentar la seguridad en las transacciones inmobiliarias.

Carlos E. Rodríguez

Artículo anterior
Artículo siguiente
NOTICIAS RELACIONADAS

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

- Advertisment -

Últimas Noticias