La nueva ley de inmigración de Arizona es comprensible -y terrible-.
A pocos estadounidenses les traería al fresco vivir cerca de una frontera con un Estado disfuncional, o en este caso, un Estado mexicano que ha dejado de funcionar en algunas regiones anárquicas.
Algunas franjas de la frontera han degenerado en un estado árido de la naturaleza – el vacío de autoridad ocupado por bandas de narcotraficantes, tratantes de blancas, activistas de la inmigración itinerantes y emigrantes desesperados que a veces mueren en el desierto o en las zanjas de drenaje. Es ofensivo encontrar tal caos bajo la bandera americana.
Ésta es una defensa de la implementación eficaz de la ley de fronteras. También es una defensa de un programa de trabajador temporal que facilite un flujo ordenado y regulado de mano de obra temporal y emigrante, permitiendo a las autoridades fronterizas centrarse en delitos más graves que el deseo de poner pan en la mesa familiar.
Pero el caos en la frontera no es un argumento a favor de que los Estados asuman el control de la política de inmigración estadounidense, unas competencias que Arizona se ha adjudicado con el fin de abusar de ellas.
Los Estados americanos tienen competencias amplias. Pero no se les permite tener su propia política exterior ni de inmigración. Una de las razones es que la ley de inmigración no sólo se refiere al trato que se dispensa a los ilegales sino también al trato adecuado a los ciudadanos estadounidenses. Y es aquí donde la ley de Arizona fracasa estrepitosamente.
Según la ley, la policía debe hacer un «esfuerzo razonable» por verificar el permiso de residencia de la gente con la que se encuentre siempre que exista «sospecha fundada» de que pueda tratarse de un sin papeles. Aquellos cuyo permiso de residencia no pueda ser verificado pueden ser detenidos. Pero, ¿cómo se funda esa sospecha fundada? La ley prohíbe el uso de la raza o la etnia como «única» base para interrogar. Entonces, ¿cuáles son los otros indicadores reveladores?
La gobernadora Jan Brewer, que aprobó la ley, parecía nerviosa cuando durante una rueda de prensa le fue planteada la pregunta obvia de cómo se puede identificar a los inmigrantes ilegales. «No conozco el aspecto de un inmigrante ilegal», dijo Brewer. «Le puedo decir que creo que hay gente en Arizona que asume que conoce el aspecto del inmigrante ilegal. No sé si lo conocen a ciencia cierta o no». Pero Brewer ha ordenado que las fuerzas del orden de Arizona reciban formación en indicios de ilegalidad -señales que ella no sabe describir-. Existe un motivo para que ningún funcionario público de Arizona haya detallado estas normas: que las descripciones sonarían a estereotipos raciales. Y probablemente lo serían.
El código crea una clase sospechosa, basándose en parte en el origen étnico, considerada culpable hasta que se demuestre su inocencia. Dificulta que los inmigrantes ilegales vivan libres de escrutinio, pero también hace más difícil para algunos ciudadanos estadounidenses vivir libres de sospecha y humillación. Los estadounidenses no están acostumbrados a la orden «Documentación, por favor», al margen de lo cortésmente que se pida. La respuesta claramente americana a tal petición sería «¡Váyase al infierno!», y luego «¡Nos veremos en los tribunales!».
El Gobierno de Arizona, de esta forma, se ha visto emboscado por su propia legislación. Si esta ley se implanta vigorosamente, el Estado será puntualmente demandado por los ciudadanos que sean parados injustamente. Pero si la ley no se aplica con el suficiente vigor, contiene una disposición que permite a los ciudadanos demandar a cualquier agencia o funcionario que «limite o restrinja el alcance de las leyes federales de inmigración». De cualquier manera, los abogados se dan un alegrón.
La ley de Arizona -como otras antes- desde luego tiene una virtud. Clasifica a los republicanos en función de su seriedad política y moral. A mediados de la década de los 90, California había experimentado un crecimiento exponencial de la inmigración ilegal que asfixiaba los servicios públicos. El gobernador Pete Wilson respondió apoyando la Propuesta 187, que negaba la escolarización y la asistencia médica fuera de las urgencias a los menores y los adultos sin papeles. Los médicos y los profesores fueron obligados a denunciar a cualquiera de quien tuvieran sospechas de tratarse de un inmigrante ilegal.
El debate resultante revela un vacío de juicio. Wilson explotó el resentimiento de base étnica para salir reelegido -al tiempo que alienaba a los latinos por doquier, conduciendo al Partido Republicano de California a la irrelevancia y ganando el desprecio general de la historia. Líderes republicanos como Jack Kemp o el entonces gobernador de Texas George W. Bush (no es coincidencia que trabajara al lado de ambos caballeros) combatieron la tendencia política, se opusieron a medidas del estilo de la Propuesta 187 y se consolidaron con el tiempo.
Una prueba similar se puede aplicar a la legislación de Arizona.
Que conste, el ex gobernador de Arkansas Mike Huckabee afirma: «No existe» algo llamado «aspecto estadounidense». El candidato republicano de Florida al Senado, Marco Rubio, dice que la ley podría «señalar injustificadamente a gente que está aquí legalmente». La candidata republicana a la gobernación de California, Meg Whitman, se ha decantado en contra de la ley de Arizona. Los republicanos deseosos de llevarse algún mérito duradero deberían unirse a ellos.
© 2010, The Washington Post Writers Group
Michael Gerson