viernes, marzo 29, 2024
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Políticos tras el velo

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La LOE delega en los centros educativos para que decidan si los alumnos deben dejar el móvil a la entrada o desconectado en la mochila, si pueden mascar chicle o dejar que tangas y calzoncillos asomen por encima del pantalón. Coinciden en prohibir las gafas de sol, los gorros y las capuchas. Pero cubrir el pelo con el nihab no es exactamente igual que hacerlo con una gorra de los Lakers o un sombrero de mariachi. Está la religión por medio. En la actualidad, si la niña se ha matriculado en un colegio público cuyos responsables hacen la vista gorda, sigue educándose como si tal cosa. En cambio, si la dirección ve el pañuelo como una manifestación ostensible de religiosidad o como una muestra inaceptable de la sumisión de la mujer, la chavala está obligada a cambiarse a una escuela que sí la admita. ¿Resultado? Institutos con alta concentración de velos y otros con melenas al viento. Es fácil suponer que el problema acabará por concentrarse en determinados barrios o ciudades.

Los que más saben de integración de inmigrantes son los profesores de la escuela pública y hay que escucharlos. Muchos han visto cómo sus aulas se convierten en guetos porque se encuentran en zonas humildes. Otros, porque el resto de colegios, especialmente los concertados, se han sacudido el problema de encima. El bolsillo suele tener mucho que ver, así que cobran una cantidad considerable en concepto de material escolar y asunto arreglado. El capítulo de actividades extraescolares también resulta útil para este fin. Si la clase de judo o de ajedrez cuesta lo mismo que una matrícula en un club de polo, la desaparición de alumnos magrebíes está casi garantizada.

Dado que las competencias en educación están transferidas a las comunidades autónomas, no es de recibo que se solucione de una forma si gobierna el PP y de otra si la presidencia es socialista. Ya se ha demostrado que la igualdad se va entonces a paseo. La responsabilidad debería pasar entonces al gobierno central. El titular de Educación, Ángel Gabilondo, pide calma. El de Justicia, Francisco Caamaño, ya ha avanzado que la Ley de Libertad Religiosa no se meterá en estos berenjenales. Ni a los directores de los centros ni a los miembros de los consejos escolares les va en el sueldo una decisión de tanto calado.

Una verdadera laicidad que prohíba los símbolos religiosos en los espacios públicos y las manifestaciones ostensibles de religiosidad de los ciudadanos en esos mismos espacios sólo puede hacerse mediante una ley estatal. El artículo 16 de la Constitución deja en manos de una comisión asesora del ministerio de Justicia «las funciones de estudio, informe y propuesta de todas las cuestiones relativas a la aplicación» de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, promulgada en 1980. En la España de entonces se sabía que los ciudadanos podían elegir su dios pero nadie imaginaba que en 20 o 30 años muchos alumnos responderían a nombre de Mohamed o Fatma.

Luz Sanchis

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