martes, diciembre 6, 2022

La sentencia del Estatuto

Resulta consolador, y un tanto irónico, que la vicepresidenta Fernández de la Vega asegure que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña será «razonada, razonable y ajustada». Últimamente tenemos cada día la declaración de un político, gobernante o de la oposición, que convierte lo obvio en noticia. La noticia verdadera sería lo contrario y, en este caso, que la vicepresidenta recelara de lo que el Constitucional vaya a decidir. Además, en este caso, el desprestigio del Tribunal es tan grande (a la percepción de su politización se une el retraso de la sentencia: tiene razón el diputado republicano Ridao al tacharlo de esperpéntico) y, si la presidenta confía, se piensa a continuación que algo sabe y que el resultado será favorable al texto aprobado en su día. Si un portavoz del PP pide, por el contrario, que «se deje trabajar al Constitucional sin presiones», se tiende a creer que alguna información tiene sobre una sentencia que declare inconstitucionales elementos fundamentales, o considerados fundamentales por los que lo votaron, del controvertido Estatuto.

El Constitucional se demora, no porque los artículos recurridos sean muchos (como esta misma semana ha asegurado un ministro), sino porque, más que discutir, «negocia». Entre los que creen que hay que sancionar el Estatuto con algunos peros, más interpretativos que jurídicos, y los que consideran que debe ser rechazada una buena parte del texto con algunos peros, también interpretativos, que supongan una suerte de golpecito amistoso en el hombro de sus partidarios. Ahora hay, al parecer, un tercer grupo de afanosos mediadores, que no se sabe muy bien qué éxito tendrán y en qué sentido. Si sólo fuese eso, la sentencia, fuese cual fuese, se conocería ya. Lo que anima las sospechas es que unos y otros pertenezcan a los universos políticos consiguientes. Los contrarios, al de la derecha; los favorables, a lo que se llama, con cierto desparpajo, «progresismo». De ahí una negociación que desborda lo jurídico y se despliega políticamente más allá del Tribunal. Y por eso, a estas alturas, la sentencia que termine firmándose, si es que al final hay al menos sentencia, que todo puede ser, resultará acatada (esperemos) pero no convincente. Ése es el drama del Constitucional. Si sanciona la columna vertebral del Estatuto estarán detrás, para demasiados, el Gobierno y sus socios, a los que no se puede desairar y crear un problema de esa naturaleza desde el Tribunal. Si la sentencia es contraria a esos fundamentos, estarán detrás el PP y «sus» magistrados. En todo caso, la imposibilidad de renovar sus miembros. Un desastre.

Si se añade que, más allá de la discusión sobre este estatuto concreto, se extiende la idea de que la deriva del Estado de las Autonomías termina teniendo un coste excesivo e imparable y establece mecanismos -lo estamos viendo ahora con las cajas de ahorro, antes y después con otros graves asuntos- que dificultan las políticas generales, el panorama es desolador. Casi se puede decir que, en este escenario, el deseo o la convicción de que la sentencia será razonada, razonable y ajustada (que no es decir nada) es lo de menos.

Germán Yanke

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