Decía en estas densas horas un eminente jurista a su salida de la sede judicial que en torno al proceso contra el juez Garzón pueden pasar dos cosas: o que acabe mal o que acabe peor. La expresión derrotista, a raíz del clima de deslegitimación del Tribunal Supremo que ha alcanzado su cénit en el acto de la Complutense, revela el estado de ánimo en la judicatura.
La crispación en la calle también ha penetrado en el cuerpo judicial. El eco por la durísima descalificación del ex fiscal Jiménez Villarejo, que entró en la carrera en 1962, acusando a los jueces del Supremo de ser cómplices de las torturas franquistas, se propagaba después con el mensaje de José Blanco, al insistir en que le cuesta «mucho trabajo entender que los falangistas le sienten (a Garzón) en el banquillo». Afirmaciones en el Congreso de los Diputados que de poco sirvieron para rebajar la polémica tras el acto de la Complutense por parte de varios miembros del Gobierno, como el propio Blanco, Sebastián y Jiménez.
La Asociación Jueces para la Democracia, a la que la división ambiental no ha dejado indemne -a ella ha pertenecido el propio instructor del caso Garzón, el juez Varela-, reconducía en las últimas horas su mensaje político en un manifiesto del martes, en el que defendía la apertura de una causa penal contra el franquismo por parte del juez Garzón. En su última nota muestra su absoluto rechazo «a todas» las actuaciones encaminadas a perseguir penalmente a Garzón, a Varela y al presidente de la Sala Segunda, Juan Saavedra. Un intento de conciliación interna que expresa una contradicción. La Francisco de Vitoria salía en defensa de los jueces de la Sala de lo Penal por su «encomiable ejercicio de su independencia judicial, en defensa de los valores constitucionales» y rechazaba las descalificaciones «surrealistas y mendaces» del ex fiscal contra el máximo órgano jurisdiccional.
El riesgo de la añoranza antifranquista de algunos es que anunciemos al mundo que la tan loada transición política fue una filfa. Volvemos, pues, sobre el franquismo, como si perviviera en un partido (al menos) y en las instituciones. A este paso, treinta y cinco años después, nos disponemos a copiar indignas iniciativas de otros como la de promover la confesión de los franquistas que en el mundo han sido. Lo malo es que antifranquistas, de verdad, no fueron tantos. Y lo peor es que el derecho de las víctimas a la exhumación de las fosas, que la Ley de Memoria no resolvió, sea utilizado, a estas alturas, para repartir carnets de buenos y malos.
¿Hay alguien ahí? Se dice que en pasadas situaciones difíciles, gentes de segunda fila de los principales partidos, todos ellos notables, desbrozaban el camino para un consenso que no conseguían los primeros. Gentes que lucharon para evitar el precipicio. Que se pongan a ello, pues, y que impulsen un pacto social de respeto a la Justicia, no vaya a ser que se surjan heridas irreparables.
Chelo Aparicio