martes, febrero 7, 2023

Una actuación grosera y evidente contra Garzón

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El final del juez Baltasar Garzón ya tiene fecha: 22 de abril del 2010. Parece que será ese día cuando el pleno del Consejo General del Poder Judicial vote su suspensión temporal, lo que en la práctica supone su salida de la Audiencia Nacional, probablemente para siempre. Lástima que el CGPJ no se reúna este 14 de abril para así redondear del todo el símbolo. Sería tan simétrico que la Falange pudiese aparcar al único juez que se atrevió a mirar bajo la alfombra del franquismo justo en el aniversario de la II República…

No todos los años se puede ganar la Champions en el estadio de tu histórico rival. Pero aunque los franquistas tengan que esperar otra semana, su victoria seguirá siendo igual de sonada. Una vez más, el fascismo hace de vanguardia de batalla de los intereses de la derecha; son sus mamporreros. Y así la Falange Española de las Jons, un sindicato ultra presidido por el ex número dos de Blas Piñar en Fuerza Nueva y una desconocida asociación xenófoba conseguirán acabar con Garzón en una fiesta para el franquismo donde no sólo brindará la ultraderecha sino también la derecha, el extremo centro, el centro reformista y también parte de la vieja izquierda de los GAL.

Sin embargo, Baltasar Garzón merece ser salvado no sólo por una cuestión estética. Garzón es inocente no sólo porque sus acusadores sean unos ultras. Hay muchos argumentos jurídicos para defenderlo, desde los tratados internacionales sobre crímenes contra la humanidad hasta la propia jurisprudencia del Supremo sobre la acusación popular. Me centraré en la acusación de prevaricación, es decir, de tomar una decisión judicial injusta a sabiendas, en el caso de las fosas del franquismo, que es el caso que le puede costar el puesto y dónde el ponente del Supremo, Luciano Varela, ha ordenado iniciar el juicio oral.

La prevaricación es un delito que sólo pueden cometer los jueces, funcionarios públicos y autoridades administrativas; es un delito muy poco común, porque la mayoría de las ocasiones en las que un juez es acusado de prevaricar, las denuncias son archivadas. Contra Garzón, Manos Limpias ya había presentado otras 18 querellas antes, hasta ahora sin éxito.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que la prevaricación sólo se produce cuando existe una actuación «tan patente y manifiesta, que pueda ser apreciada por cualquiera». «Es necesario que la ilegalidad sea tan grosera y evidente que revele por sí la injusticia, el abuso y el plus de antijuricidad», afirma una sentencia del Supremo, del 17 de junio de 1998. «Sólo cabe prevaricación cuando de modo claro y evidente, sin posibilidad de duda al respecto, la resolución de que se trate carece de toda explicación razonable, es decir, es a todas luces contraria a derecho», dice otra sentencia del supremo del 26 de junio de 1996. Y en el caso de Garzón resulta difícil de argumentar esta actuación judicial «grosera y evidente» porque parte de los jueces de la sala de la Audiencia Nacional que en aquel momento estudiaron su competencia compartieron sus tesis. Es decir, que si Garzón prevaricó, también lo hicieron los otros dos magistrados que le apoyaron.

Aún en el caso de que un juez llegue a ser condenado por prevaricación, la doctrina del Tribunal Supremo suele ser bastante laxa. En 1986 absolvió al juez Jaime Rodríguez Hermida, que había convencido a otro compañero de la Audiencia Nacional de dejar en libertad al jefe de la Camorra Antonio Bardellina. Y más recientemente, el Supremo también ha dado un trato amable al juez de Marbella Francisco Javier de Urquía, que fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por cohecho y prevaricación a dos años de cárcel y 17 de inhabilitación como juez. Su delito lo merecía: había cobrado 73.800 euros de Juan Antonio Roca -el cabecilla de la trama corrupta marbellí destapada por la ‘operación Malaya’- a cambio de varias sentencias favorables.

El juez Urquía recurrió y le fue bien. El Tribunal Supremo rebajó la condena de cohecho a 21 meses de suspensión de empleo y eliminó la prevaricación. Según esa sentencia, para que el delito de prevaricación se produzca, el juez tiene que actuar con conciencia e intención deliberada de faltar a la justicia, algo que, en opinión del Supremo, no sucedió en este caso.

Para más ironía, de lo más grosera y evidente, entre los firmantes de aquella sentencia que absolvió a Urquía de prevaricar está el propio Luciano Varela, el mismo que ahora ha ordenado que Garzón se siente en el banquillo por prevaricar.

Ignacio Escolar

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