El tema de la grabación de las conversaciones de abogados e imputados en el ‘caso Gürtel’ es un asunto peliagudo. Hay discrepancias doctrinales y judiciales, como es evidente, pero es de esperar que el espíritu garantista de los procedimientos quede a salvo. Y muy especialmente la confidencialidad de estas conversaciones que afectan al derecho a la defensa de los imputados. A veces los atajos pueden dar la impresión de que facilitan la investigación y la persecución de los delitos, aunque también pueden volverse contra ellas, pero los principios en que se basan las garantías tienen más valor. Por ello, más allá de la discusión jurídica y de la posible exclusión de algunas de las transcripciones, habría sido más conveniente extremar la finura en este asunto y no estirar los hilos de la investigación hasta donde se rompe la cordura.
La Fiscalía ya pidió que se excluyeran algunas transcripciones de grabaciones que consideraba que sólo afectaban a asuntos técnicos de la defensa y así se aceptó. El procedimiento seguirá delante sin ellas y sin otras que puedan ser anuladas, pero la obligación del juez y del fiscal no es sólo la investigación y la persecución de los delitos, sino el respeto a todo el sistema de garantías, cuya exigencia no es una cuestión de la defensa, sino del procedimiento. Es reprobable, por ello, y aunque se excluyan, que hayan podido hacerse y convertirse en material abierto al público, como tantos y tantos detalles de este proceso que afecta a asuntos particulares, y a menudo privados, de imputados o no y que no han sido filtrados y eliminados de la maraña de documentos del ‘caso Gürtel’. La dificultad y la ampliación del caso no es, desde luego, disculpa y, ya que no se ha hecho hasta ahora, es de esperar que se tenga en cuenta cuando, al parecer a comienzos de abril, se levante definitivamente el secreto del sumario.
Resulta evidente que estos delitos deben ser investigados, esclarecidos y perseguidos y que la acción de la Justicia, por muchas implicaciones políticas que haya en ellos, debe ser ajena a las presiones interesadas o ajenas. La paradoja es que la falta de finura en las garantías no ayuda en absoluto a ese objetivo. Puede, por un lado, ayudar a los culpables con defensas habilidosas. Y, sobre todo, dada las posibles extralimitaciones y la falta de criba de la documentación relevante, les puede servir a éstos de ventilador de la porquería, incluso la ajena al caso, para que no se observe con la claridad debida qué se ha hecho contra la ley y quiénes son los únicos y verdaderos responsables.
Germán Yanke