viernes, marzo 29, 2024
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Varela contra Garzón

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Que un juez está sometido como cualquier ciudadano a la ley, y en concreto a la ley penal, es una obviedad, por mucho que ahora se repita para justificar el procesamiento de Baltasar Garzón. Lo que también debería ser obvio es que cualquier ciudadano, y también el juez Garzón, sea imputado con un fundamento que, sinceramente, en este caso no encuentro. Que fue condenado por prevaricación el juez Gómez de Liaño, adversario al parecer de Garzón en la Audiencia Nacional, es un hecho que no afecta a este procedimiento, por mucho que ahora se recuerde, y, como me pareció aberrante convertir entonces unas decisiones judiciales rechazadas en posteriores recursos en un delito, me lo sigue pareciendo ahora. Que la Fiscalía se opuso a las decisiones de Garzón sobre la persecución de crímenes del franquismo y otros asuntos colaterales y que la Audiencia, con votos particulares en contra, no le dio la razón, son también hechos, pero no encuentro en esta mala instrucción, y en la formulación de lo que ahora se llama «un relato» para sostenerla, el delito que el juez Varela le imputa.

Si a algunos, por otra parte, les parece paradójico que el ahora acusado se haya quejado de filtraciones, del rechazo de pruebas o testimonios, etc., cuando otros se han quejado de asuntos idénticos en instrucciones del juez Garzón, pueden quedarse tranquilos: ni eso es un juicio sobre el tipo delictivo del que se le acusa ni tiene mayor sentido querer dar por buenas aquí las cosas que se consideraban malas allá. Sorprende, asimismo, que el juez Varela no haya considerado pertinente, como solicitaba la Fiscalía -que se opone al enjuiciamiento del magistrado, por cierto-, el testimonio de otros magistrados que, con votos particulares, pretendieron avalar a Garzón en sus actuaciones. Varela dice que sus argumentos están en lo votos particulares pero, visto desde fuera, convendría saber si la antijuricidad de las actuaciones les afecta también y si lo redactaron de buena fe, a tontas y a locas o con conocimiento de su ilegalidad. Es decir, si en aquel procedimiento, complicado y contrastado, el único que tomaba decisiones injustas a sabiendas, por arte de magia (o de Varela), era Baltasar Garzón. Es más, no deja de extrañarme que el resto de magistrados, los que se oponían a Garzón, no vieran entonces la prevaricación y tomaran las decisiones oportunas y que hayan sido Varela y algunos colegas del Supremo lo que cayeran en la cuenta gracias a las ciertas querellas de algunos. Y me da igual, a estos efectos, quienes sean esos algunos.

Así que, como tantas veces he criticado, con mi limitado pero leal saber y entender, las instrucciones de Garzón y en concreto la que sustenta este procedimiento, tengo ahora que pasmarme ante su conversión en un delito de prevaricación, por mucho que se hable en el auto de ayer de probabilidad y de ausencia de juicio y calificaciones definitivas. Si el «relato» de Garzón no me gustó, menos me gusta el construido por Varela. Y, a diferencia del primero, veo más claramente en el segundo quién es el perjudicado por decisiones injustas, a sabiendas o no.

Germán Yanke

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