lunes, diciembre 5, 2022

Las cuatro manchas de la ‘Gürtel’

Un nuevo milagro en Génova 13 que deberían apuntar los hagiógrafos de Fraga -santo fundador- y de Aznar -santo de honor- para cuanto toque canonizarlos. Ayer, a media mañana, pocas horas después de que los abogados tuviesen acceso al sumario de la ‘Gürtel’, el PP ya estaba diciendo a los periodistas que no había novedad alguna, lo cual tiene bastante mérito si tenemos en cuenta que ‘sólo’ ocupa 50.000 folios que en Génova no habían tenido tiempo material de leer.

Horas después, a medida que los medios de comunicación iban desgranando las nuevas perlas del revelador sumario, en el PP sostenían y por supuesto no enmendaban: «No hay nada nuevo», «no es otra Filesa», «no hay financiación irregular», insistían desde Génova. La nueva línea de defensa del PP acepta que ha habido «ovejas negras» dentro del rebaño. Es un avance, al menos hay cierto reconocimiento de culpa. En el arranque de este escándalo, la ‘Gürtel’ era un caso de corrupción «contra el PP» organizado por Garzón, Bermejo y Rubalcaba. Pero por mucho que se repita, la realidad del sumario ya ha puesto el foco sobre cuatro enormes manchas sobre el PP, difíciles de limpiar por mucho que se repita una y otra vez el argumentario.

La Comunidad de Madrid no sólo es la región donde residían y operaban la mayoría de los implicados de la trama, incluidos los políticos. Correa y sus chicos se movían por el Gobierno de Madrid con todas las bendiciones. El sumario detalla más de 500 contratos adjudicados desde el PP de Madrid, que también preside Esperanza Aguirre, entre el Gobierno regional y los ayuntamientos populares. La investigación también revela la existencia de una lista blanca de empresas con licencia para adjudicar, donde las compañías de Francisco Correa figuraban en primera fila. Y también las prácticas habituales del caciquismo: fraccionamiento de contratos para evitar el molesto concurso público, adjudicaciones irregulares y procedimientos de urgencia sin justificación alguna. De los 367 contratos de la trama ‘Gürtel’ con el Gobierno de Aguirre, un montante de más de tres millones de euros, sólo tres se adjudicaron por concurso. Todos los demás fueron sin publicidad y a dedo.

Pero donde el sumario abre una vía de agua todavía más peligrosa para el PP de Madrid es a través de Fundescam. La desconocida fundación del PP de Madrid recaudó cerca de un millón de euros en desinteresados donativos de varios empresarios -encabezados por el ubicuo Gerardo Díaz Ferrán-, un dinero que después pagó parte de los gastos electorales de Esperanza Aguirre en el año 2003; algo ilegal, según la ley electoral, que fiscaliza cada euro que se gasta en cada campaña. Los donantes después recibieron contratos de la CAM por un valor que supera los 300 millones de euros. Fundescam no es un escándalo nuevo: en Público dimos casi todos los detalles hace casi un año. Pero ahora ya existe la certeza de que las numerosas irregularidades de esta opaca fundación están bajo la lupa judicial, lo que cambia bastante la historia y ha puesto muy nervioso al equipo de Esperanza Aguirre.

Desde el PP de Madrid ya han comenzado su contraataque con dos argumentos. El primero, que entonces el presidente del PP de Madrid era Pío Escudero. «Pío, pío, pío», que dijo en su momento Esperanza Aguirre; lo cual es cierto, aunque no fue Pío ni su gente quienes gestionaron la campaña de la candidata Aguirre. El segundo, que Fundescam también se usó para pagar gastos de campaña de Alberto Ruiz-Gallardón, un rumor que están propagando entre los periodistas y que, al menos con la documentación que hasta hoy se conoce, es rotundamente falso.

Aunque es Madrid quien carda más lana, en Valencia no sólo tienen la fama. Desde el equipo de Camps se insiste en el (vergonzoso) dato de que no tienen ningún imputado en sus filas (gracias a los jueces «más que amigos»). Pero el sumario revela también que la ‘Gürtel’ valenciana, dirigida por ‘el Bigotes’, derivó pagos de actos electorales del PP a empresas beneficiadas por las decisiones de la Generalitat.

Es cierto, no es Filesa. Filesa era una red de financiación centralizada, donde el PSOE cobraba comisiones que después iban a una cuenta común; una caja B que después se empleaba en la financiación del partido. La novedad del método ‘Gürtel’ es que se trata de una red algo menos centralizada, como un P2P de Internet (peer to peer, de colega a colega), donde cada corruptela responde a un pago concreto. El colega ‘Bigotes’ montaba un acto del PP y, en lugar de pasar la cuenta a los chicos de Camps, se la endosaban a algún coleguita constructor, de esos que siempre deben algún favor al poder o al menos están encantados de agradecerlo. Sólo en Valencia, el sumario cifra en 6,3 millones de euros el dinero opaco que se movió con este ingenioso método, prácticamente calcado al que aflora también en Castilla y León o en Baleares. Irónicamente, sólo esa cifra es prácticamente idéntica a lo que en su momento recaudó Filesa.

¿Se reabrirá la rama valenciana? Está por ver. Así lo pide el fiscal, que también exige que se impute a cuatro empresarios valencianos, cuatro colegas, por financiar al famoso PP VLC, que tanto aparecía en la contabilidad B de la ‘Gürtel’. En parte dependerá de la decisión del Tribunal Supremo, que aún no se ha pronunciado sobre el archivo de la causa contra Francisco Camps. Como en España las leyes son meras orientaciones, cualquier cosa puede ser. Pero que ahora sepamos al detalle cómo se falseaban las facturas o cómo se movían los pagos a través de Orange Market hace que el carpetazo del Supremo sea hoy un poco menos probable que ayer.

La tómbola de Correa y ‘el Bigotes’ siempre toca; si no es un pito, una pelota. O un perrito robot Aibo para los niños de Camps. O un bolso de Louis Vuitton para la alcaldesa Rita. O un iPhone traído desde EEUU para Ric Costa. O una boda pagada para el diputado Benjamín Martín Vasco (un festejo al que, por cierto, acudió la propia Esperanza Aguirre). A la larga lista ya conocida de trajes, coches y relojes, se suma con el resto del sumario un sinfín de nuevos detalles que afectan no sólo a los principales imputados, a los sospechosos habituales, sino también a muchos altos cargos de Madrid o Valencia. En el sumario también aparecen nuevas conversaciones telefónicas entre los Camps y su amiguito del alma, donde la mujer del molt honorable president reprocha a ‘el Bigotes’ que le tumbe los reyes de los niños. «Están ansiosos». No era para menos. El último modelo del Aibo cuesta unos 2.500 dólares, casi cuatro veces el salario mínimo interprofesional; muchísimo más que los 900 euros que había en la cuenta el propio Francisco Camps según su declaración de bienes.

Luis Bárcenas dice estar tranquilo y en el PP dicen que Rajoy no le va a dejar caer, a pesar de las enormes presiones. A estas alturas ya no está claro si será así, porque la situación del ex tesorero del PP ha quedado enormemente debilitada por las nuevas revelaciones del sumario. Según la investigación, Luis Bárcenas es «sin género de dudas» Luis el Cabrón y también el L. B. de la contabilidad B de la ‘Gürtel’, unas cuentas en las que aparecen 1,3 millones de euros cobrados por estos nombres.

El argumento al que ahora se aferra Génova para mantener a Barcenas tanto en el Senado como en la militancia del PP es que habrá que esperar a ver cómo avanza el caso en el Supremo, que es el tribunal que juzgará al aforado; que lo que diga al respecto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es irrelevante para su futuro judicial. Es un argumento algo tramposo, entre otras cosas, porque lo mismo se podría decir de Valencia, donde Camps y sus cuates aún no tienen siquiera un tribunal que los contemple.

Bárcenas ha convencido a Mariano Rajoy de que su caso llega, como mucho, a delito fiscal. El presidente del PP le ha creído, o le ha querido creer por otros motivos inconfesables, y ha unido su destino político al de su ex terorero, a un coste que puede ser enorme. Y es cierto que, de momento -a diferencia de lo que sucede en Madrid, en Galicia, en Castilla y León o en Valencia, donde los indicios de financiación irregular son abundantes- no existe ninguna evidencia que ligue la trama ‘Gürtel’ con la caja central del PP nacional, que gestionaba Bárcenas. Cabe preguntarse entonces para qué le pagaban tantas comisiones, que el tesorero de Génova tenía muchísima influencia, pero los que adjudicaban los contratos públicos o recalificaban los terrenos eran otros (Correa cobró 26 millones de euros en comisiones a constructoras). Aunque eso, si es que algún día llegamos a saberlo, se juzgará en el Supremo, un tribunal que ya está muy ocupado con la deconstrucción del juez Garzón; en construir ese agujero por el que puede que todo el ‘caso Gürtel’ se pierda para siempre.

El sumario también acusa a Bárcenas de cobrar sobornos de los contratos del PP. Está por ver si el PP lleva este supuesto robo (en este caso a sus cuentas) hasta los tribunales. Pero, si lo hiciese, sería una situación digna de ver: el PP pagaría al abogado de la defensa de Bárcenas… y el de la acusación. Que lo apunten también como nuevo milagro.

Ignacio Escolar

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