El Banco de España, que se ha convertido en una suerte de conciencia crítica del Gobierno, acaba de contraponer sus previsiones con las del Ejecutivo y, naturalmente, a la baja. Para este año, aunque también con menos optimismo, las previsiones de crecimiento se acercan pero el Banco ofrece perspectivas mucho menos gratificantes para 2011. Si el Gobierno espera crecer un 1.8%, el Banco de España rebaja la previsión al 0.8%. A nadie se le oculta que, con estas cifras, la creación de empleo se retrasaría hasta desmontar la promesa del presidente Rodríguez Zapatero que aseguró que al final de este año estaríamos ya en una situación de creación neta de puestos de trabajo. Y aún más, si no tiene razón el Gobierno, y si el banco central y otros organismos internacionales escépticos, el escenario de los Presupuestos, su estabilidad y los objetivos de reducción del déficit pueden verse gravemente afectados.
Se diría, en estos desfases, que el Gobierno, que no se decide a adoptar las medidas quirúrgicas que se le demandan, piensa que ya las ha tomado y que, por eso, la recuperación -aunque lenta y dificultosa- será más rápida de lo que estiman todos los demás que, por alguna extraña y contumaz razón, piensan que el Gobierno no ha puesto en marcha las reformas que en realidad no ha iniciado. Entre estos pesimistas descreídos está el Banco de España que reclama tanta prudencia en las proyecciones como cambios estructurales en el sistema económico. Lo hace, generando un malestar creciente en los responsables de la política económica, tanto en los análisis como en los consejos. Esta semana, reiterando uno que ya es habitual, ha vuelto a insistir en la urgencia y profundidad de la reforma laboral.
Desde posiciones que no sean la defensa numantina de la acción (o inacción) gubernamental -que ya sólo ejerce el propio Ejecutivo- es difícil poner reparos a los análisis y las recomendaciones del Banco de España. Pero la entidad no es sólo un gabinete de estudios y un consejero económico, sino el banco central. En el territorio de la reforma del sistema financiero, y en concreto en lo que afecta a las cajas de ahorro, debería haber terminado ya, por la gravedad y la urgencia del asunto, el tiempo de las advertencias para pasar al de las actuaciones. Ya que estamos en un intercambio de mensajes podría recordárselo el Gobierno aunque para ello, además de querer, debería dejarse de las minucias con las que tan reiteradamente se paraliza.
Germán Yanke