El pasado mes de octubre, el gobierno yemení contactó con la CIA con una petición: ¿podía la agencia recabar información que pudiera ayudar a desentrañar la red de un reclutador de al-Qaeda oriundo de los Estados Unidos llamado Anwar al-Aulaqi?
Lo que sucedió a continuación es inquietante, a la luz de los acontecimientos: la CIA llegó a la conclusión de que no podía ayudar a los yemeníes en la localización de Aulaqi con vistas a una probable operación de extracción. El principal motivo esgrimido es que la agencia carecía de pruebas concretas de que supusiera un riesgo para la vida de los estadounidenses -lo cual es el requisito imprescindible de cualquier operación de localización vivo o muerto de cualquier ciudadano estadounidense. Los yemeníes también solicitaban la ayuda de las Fuerzas Especiales estadounidenses en la localización del paradero de Aulaqi; esa también fue rechazada.
Incluso si la CIA hubiera encontrado pruebas concluyentes en octubre de que Aulaqi era una amenaza, e incluso si las Fuerzas Especiales hubieran recibido autorización para llevar a cabo una operación de extracción, habría hecho falta el permiso escrito del Consejo de Seguridad Nacional. Esto se debe a que cualquier uso de una fuerza letal contra «un titular de la ciudadanía estadounidense» como Aulaqi exige el visto bueno de la Casa Blanca.
La posterior cadena de acontecimientos fue una escalofriante demostración del poder de Aulaqi como agente de al-Qaeda: el 5 de noviembre, el Mayor Nidal Hassán asesinaba a 13 de sus colegas militares en Fort Hood, Texas; Hassán había intercambiado alrededor de 18 correos electrónicos con Aulaqi en los meses previos al tiroteo, según Associated Press. A continuación, el día de Navidad, Omar Faruj Abdulmutalab, un nigeriano que había residido en Yemen, intentó volar por los aires un aparato comercial que volaba con destino a Detroit; se rumorea que también confesó más tarde que Aulaqi era una de las personas que le entrenaron para realizar esta misión.
El caso Aulaqi es digno de reabrirse, por varios motivos. Con la ventaja de conocer los hechos, parece claro que se trataba realmente de una persona peligrosa. Si Estados Unidos hubiera ayudado a los yemeníes en su captura, habría frustrado las acciones de Hassán y de Abdulmutalab. De manera que es útil examinar el reglamento que limitó la operación en octubre y la solidez de la información de Inteligencia que fue facilitada a quienes tomaron la decisión.
Tal análisis a posteriori es injusto, por supuesto, pero proporciona un prisma útil a la hora de evaluar las decisiones reglamentarias. Tras el 11 de septiembre de 2001, se llevaron a cabo investigaciones detalladas del fracaso de la administración Clinton a la hora de capturar vivo o muerto a Osama bin Laden durante la década de los 90, y el fallo de la administración Bush a la hora de tener en cuenta las advertencias previas a los atentados terroristas de 2001.
Lo sorprendente del caso Aulaqi es la ingente cantidad de información que FBI y CIA tenían sobre él. Al menos dos de los terroristas del 11S habían asistido a una mezquita de San Diego en donde él predicaba. Su número de teléfono fue descubierto en el apartamento en Hamburgo de Ramzi Binalshibh, el descrito con frecuencia como «el secuestrador número 20». El FBI estaba interesado en el paradero de Aulaqi antes incluso del 11S, por supuestas actividades de recaudación de fondos para Hamás. De manera que había interés entre el estamento de la Inteligencia estadounidense en torno a su persona como posible agente de al-Qaeda, remontándose casi una década atrás.
Hassán había asistido asiduamente a otra mezquita en el norte de Virginia en donde oficiaba Aulaqi. De hecho, según Aulaqi, cuando Hassán contactó por primera vez con él a través del correo electrónico el 17 de diciembre de 2008, escribió: «¿Se acuerda de mí? Yo solía orar con usted en la mezquita de Virginia». En otro correo electrónico, se dice que Hassán habría dicho a Aulaqi: «Estoy impaciente por unirme a usted» en la otra vida.
Investigadores del ejército y la Inteligencia revisaron al parecer esos correos electrónicos antes del tiroteo de Fort Hood, pero no tomaron medidas. Si esos correos no constituyen motivo de preocupación, entonces es que algo pasa con ese requisito.
Un funcionario estadounidense que conoce el caso responde: «Aulaqi no asumió un papel operativo hasta noviembre. No fue un caso de informaciones de Inteligencia en las que nadie repara, en absoluto.
Los yemeníes ni siquiera pensaron que hubiera asumido un papel activo». Este funcionario también señala que «hubo una decisión política estadounidense de no desplegar efectivos sobre el terreno», limitando cualquier acción militar.
En perspectiva, parece claro que la información facilitada debería haber suscitado un escrutinio más detenido tanto de Hassán como de Aulaqi. Nunca sabremos si tales acciones podrían haber disuadido a Hassán. En cuanto a Aulaqi, los funcionarios dicen que ahora está incluido en la lista estadounidense de objetivos.
Por último, ¿tiene sentido tener que obtener el permiso especial del Consejo de Seguridad Nacional antes de llevar a cabo cualquier operación potencialmente letal contra un ciudadano estadounidense como Aulaqi? Mi respuesta sería, sí. Los requisitos que funcionaban en 2009 eran oportunos entonces, y lo siguen siendo: el uso de la fuerza letal siempre necesita un cuidadoso control -sobre todo cuando hablamos de estadounidenses.
Los «qué pasaría si…» en torno a Yemen son preocupantes, sobre todo porque constituyen un recordatorio de que las agencias de Inteligencia tienen que realizar cálculos delicadísimos basándose en pruebas circunstanciales -con catastróficas consecuencias si se equivocan. Lo que hizo falta, podemos ver ahora, fue información concluyente el pasado octubre que hubiera cumplido el estándar legal adecuadamente implantado.
© 2010, The Washington Post Writers Group
David Ignatius