El pleno del congreso estuvo este martes con la mirada en la calle. Apenas un puñado de diputados siguió los debates sobre la reforma de la Ley Electoral y del Almacén Temporal Centralizado (ATC) para los residuos nucleares, sobre el que tanto consenso es preciso. Debates vivos, pero desangelados. Las cámaras de televisión estuvieron a otra cosa. Y mientras en la calle se libraba el pulso de los sindicatos con el Gobierno por el retraso de las jubilaciones, en el Congreso se aprobaba el nuevo dictamen por el que sus señorías renuevan la explicación de la relación de sus actividades privadas, que serán públicas en la web del Congreso el próximo 1 de marzo. Fue la confesión de los diputados. Casi todos llegaron para la votación, que contó con 308 votos a favor. Los 6 noes y las 20 abstenciones se intercalaron entre los grupos.
Todo sea por el ejemplo de transparencia, en tiempos convulsos, de poco empleo e incierta jubilación. Ciento cincuenta diputados se apuntaron para actualizar sus actividades externas, remuneradas o no. Las nuevas exigencias de la Comisión animaron a sus señorías a incluir también las otras dedicaciones compatibles y gratuitas. Porque de todo hay; también los que alternan su escaño con un puesto en el Consejo de una Caja de Ahorros y con algunas empresas. O con ambas cosas. Doscientos cincuenta diputados (de los 350) declaran obtener ingresos extra, principalmente del sector privado, aunque se trate de dedicaciones puntuales. Otros compatibilizan sus tareas con el sector público y algunos indican, en un gesto sobrado, sus dedicaciones altruistas al baloncesto, el fútbol o las residencias estudiantiles. Sólo 84 diputados declaran no obtener ningún otro cargo o remuneración.
La pretensión de transparencia fue valorada por los diputados de forma desigual. En los pasillos, algunos la acogieron como una mera operación de imagen, que podrá ser -decían- utilizada por el contribuyente con mayor o menor justicia. Pero aunque así fuera, bien está.
Propósitos de enmienda que también han llegado a otros lares. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano de los jueces, anuncia la elaboración de un reglamento para primar la «transparencia en la elección de los mejores», haciendo públicas las pruebas de los jueces que aspiren a un cargo.
Y entre listados, transparencias y pulsos en la calle, donde pululan cuatro millones de parados, la proposición no de ley de la diputada de UPyD, Rosa Díez, para la reforma de la Ley Electoral, apoyada únicamente por Izquierda Unida, fue sucesivamente criticada por los grupos mayoritarios y por los nacionalistas. Algunos de ellos aprovecharon la eventual ampliación de cien escaños, que contemplaría la reforma de UPyD en virtud de alcanzar el objetivo un hombre, un voto, como una afrenta a los cuatro millones de parados. La reforma merece un debate de argumentos y la contraposición de conceptos. Pero en esta tarde, la crítica a la ampliación de la plantilla en el hemiciclo estuvo más centrada en el cálculo de la protesta por el ‘pensionazo’ y en el efecto de las transparencias. Ojala no sean flor de un día.
Chelo Aparicio