Zapatero pronunció las palabras justas ante el asesinato del gendarme francés por miembros de ETA, haciendo manifiesta la gratitud española por la ayuda francesa contra el terrorismo, que se ha cobrado 857 vidas en nuestro país. Sus palabras sonaron con solemnidad en el salón del Congreso tras la sesión de control al Gobierno: «Francia ha pagado un alto precio» por su colaboración con España contra ETA, dijo, nada menos que la vida de uno de sus servidores públicos. El presidente español se mostró tan concernido, aseguró, como si se tratara de un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad de nuestro país. Es claro que la libertad y la democracia tienen un precio.
El brigada jefe Jean-Serge Nérin, de 52 años, padre de cuatro hijos, es la primera víctima mortal de la banda en Francia, tras nueve enfrentamientos de las policías del país vecino con la banda terrorista en los últimos nueve años, según los datos de la agencia Vasco Press. Como es lógico, el enfrentamiento coincide con la creciente colaboración francesa en la lucha contra ETA, que ha dado frutos sustanciales. Según Le Monde, pese al debilitamiento sufrido, ETA mantiene entre 50 y 80 miembros instalados en territorio francés, en lugares cada vez más alejados de la frontera española.
El análisis del diario parisino, que cita fuentes de la lucha antiterrorista gala, concluye que pese a los últimos golpes policiales ETA no sólo sigue estando activa sino que «se radicaliza», y admite que para la organización terrorista «Francia constituye una retaguardia de la que sus militantes se sirven como territorio de repliegue y como escondite de armas». Lejanos ya otros tiempos de incomprensión, el país vecino es el principal aliado en la lucha contra ETA, donde se detuvo a más de 500 miembros en los últimos diez años y se localizaron numerosos depósitos de armas y explosivos. El propio Sarkozy ha destacado la colaboración entre los dos países como «excelente». La fiscal antiterrorista Fanny Bussac resalto hace un año que «es un modelo para el resto de Europa», porque, en realidad, sentenció, «ETA es un problema común y no sólo español».
Los partidos democráticos vascos, en cuyo Parlamento se arriaron las banderas oficiales en señal de duelo, se unieron a las palabras de Zapatero y Rajoy. La declaración del lehendakari, que anunció la presencia de su consejero de Interior en los funerales del brigada jefe Jean-Serge Nérin, reconfortó a tantos vascos que hastían la violencia practicada en su nombre. Sin embargo, desconcertó en cierto modo su tuteo hacia quienes aún no se han desvinculado públicamente de la actividad terrorista, esa izquierda abertzale que en su último debate ha aprobado de forma elíptica la renuncia a «todas las violencias» como lo hizo en anteriores procesos de negociación con el Gobierno. «Tenéis que rechazar y condenar la violencia y trabajar con la democracia para terminar con ETA o estaréis fuera de la democracia, de la política y de una sociedad digna como la vasca. Tenéis que escoger, pero tenéis que escoger ya», les conminó. Parecía un emplazamiento hacia una nueva fase.
El dolor se mezcla con el murmullo de voces sobre los efectos del debate interno en la izquierda abertzale y el deseo de algunos de sus dirigentes como el propio Otegi de cobrar autonomía política de la banda y renunciar a la violencia. Pero son ellos los que tienen que dar el paso. Después de tantos esfuerzos baldíos, la mera insistencia en pedírselo debilita la posición democrática. Son los hechos, como recordaba este miércoles el diputado vasco de UPyD, Gorka Maneiro, los que «dejan en ridículo a los que están intentando ayudar a volver a la política al submundo que rodea a ETA». Por el momento, el movimiento pro amnistía ha mantenido su llamamiento para que los ciudadanos «salgan a la calle» a protestar por la muerte del etarra Jon Anza, cuya autopsia descartaba indicios de agresión, aunque quedan por aclarar las circunstancias de su muerte. Pero no se apiadan del dolor causado por el gendarme asesinado. Ni siquiera en las jornadas de luto.
Chelo Aparicio