Sin tener claro cómo ni cuándo salir de la crisis, o de qué manera evitar una fatal recaída, la Unión Europea (UE) afronta el reto de sustituir la incumplida Estrategia de Lisboa (periodo 2000-2010) por otra desde la que afrontar el porvenir. En principio, el propósito parece orientado a abarcar la siguiente década, esto es hasta el 2020; al menos, así está planteado en el documento que ha elaborado la Comisión. Esta vez, con el objetivo de potenciar un crecimiento, a la vez inteligente, verde e incluyente.
Desbrozando el enunciado, se pretende abarcar aspectos ya recogidos en su predecesora, tales que innovación, educación, sociedad digital, cambio climático, energías limpias, competitividad, empleo y lucha contra la pobreza. Lo cierto es que, en algunos casos, yendo poco más allá de renovarlos, por incumplidos en los diez años próximos a concluir.
Dejando aparte si el nuevo enfoque suena o no menos ambicioso que el señalado en la capital portuguesa, en el fondo centrado en el propósito de aventajar a Estados Unidos antes del 2010, no parece que el método derive de haber evaluado el recorrido y los frutos del anterior. De no replantear a fondo la propuesta del equipo Durao Barroso, es probable que la UE reincida en trazar una hoja de ruta excesivamente grandilocuente, en lugar de poner sobre la mesa cuestiones más prosaicas, pero urgentes, que no acaba de resolver.
Hace ahora diez años, los socios comunitarios se propusieron hacer de la economía europea la más dinámica, próspera y competitiva del planeta antes del año actual. Algo que, haciendo abstracción de la crisis en curso, está lejos de haberse logrado. No es sólo que la ventaja relativa del otro lado del Atlántico se haya ensanchado, sino que varias economías emergentes han aproximado posiciones a las europeas, amenazando incluso la supervivencia de sectores enteros en más de un Estado miembro. Quiere decir, por tanto, que el desafío es hoy más difícil que cuando los líderes comunitarios firmaron en la capital portuguesa su pomposa declaración. Y no sólo por eso, sino por algunos añadidos más.
Uno, muy importante, es que se ha puesto en evidencia lo que muchos ya anticiparon en su momento: la inconsistencia de implantar una moneda única sin un gobierno económico compartido por los países adheridos a ella. Se ha constatado en las respuestas dispares a la crisis y materializado en la actitud frente al euro que están mostrando los mercados en las últimas semanas, en cierta medida a causa de la situación de Grecia y las dificultades para hacerle frente, pero no sólo por eso.
Otro aspecto a tener en cuenta es que la UE es hoy mucho más heterogénea que diez años atrás, aunque sólo sea por los procesos de ampliación ya consumados y los previstos de aquí al 2020. Lo que, entre otras cosas, pese a los cambios institucionales introducidos por el nuevo tratado, introduce notorias complicaciones en los procesos de toma de decisión y, todavía más, su aplicación efectiva.
Sea por eso, o por otras causas, la realidad es que Europa viene manifestando una inquietante incapacidad para adoptar políticas comunes en aspectos tan cruciales como el abastecimiento energético o, fijados en lo más actual, la reforma de los sistemas financieros… por no citar que la mayoría de países ha emprendido una mal disimulada deriva proteccionista, salvando más de una industria poco o nada competitiva, en lugar de algo parecido a un proceso de especialización comunitaria frente a las demás áreas del mercado global.
Ciertamente, la sustitución de la Estrategia de Lisboa por la de momento denominada Estrategia 2020 no ha hecho más que empezar, pero no abundan los síntomas de que no acabe desembocando en un papel más.
Enrique Badía