Últimamente, da la sensación de que una parte del país se estuviera especializando en alimentar polémicas de dudosa utilidad. Puede ser el caso de la prevista subida de los tipos del Impuesto de Valor Añadido (IVA), a partir del próximo día 1 de julio, incluida en la ley de Presupuestos 2010. A los posicionamientos a favor y en contra, ya expresados en el debate parlamentario del proyecto, se están agregando opiniones, cábalas e incluso sentencias sobre los efectos que va a comportar. La mayoría, por cierto, sin aportar alternativas para lo que de verdad subyace: la perentoria necesidad de recaudar.
La medida es tan discutible como cualquiera, sobre todo porque no ha ido hasta el momento acompañada de otras ni existe conciencia de que forme parte de un plan estructurado para hacer frente a un déficit que, a finales del 2009, quedó situado en 11,4 puntos de Producto Interior Bruto (PIB); todo un récord difícil de soportar. Pero, en lugar de ahondar el debate por esta línea, todo parece centrado en si va a retraer el consumo, poco, mucho o nada. Un cálculo que deviene casi imposible, entre otras cosas porque los especialistas, aunque no todos, tienden a estimar que el efecto ronda la neutralidad.
En cierta medida, quienes se pronuncian contrarios gozan de cierta ventaja. El consumo privado discurre por cotas de mínimos, con unos ciudadanos en su mayoría inclinados a ahorrar y reducir deudas, antes que propensos a gastar más allá de lo imprescindible o de primera necesidad. Cabe, pues, la posibilidad de que, con o sin subida del IVA, los índices sigan evolucionando lo planos que ahora.
Claro que el mismo razonamiento se puede invertir. Igual que tras varios años de consumo desaforado ha resultado fácil reprimirse, cabe la posibilidad de que un periodo de retracción acabe dando paso a un ansia gastadora, sea cual sea el gravamen impositivo en vigor. Según el momento en que tal cosa suceda… si es que sucede, avalará una tesis o la contraria. Pero se verá después.
Lo que sí puede haber tenido efectos ya mensurables es haber anunciado el aumento con más de seis meses de anticipación. ¿Estará, por ejemplo, incidiendo en las ventas de automóviles? Febrero ha registrado un aumento notable en las matriculaciones, no sólo de particulares, sino también de empresas de alquiler, renting y demás, acaso buscando reducir unos puntillos el coste de adquisición.
El fondo del asunto, lo que de momento apenas nadie discute, es si cubrir el descuadre entre ingresos y gastos de las administraciones públicas debe ir por vía de aumentar la fiscalidad directa, indirecta o ambas a la vez y, en tal caso, en qué respectiva proporción.
Los hacendistas modernos se inclinan cada vez más a cargar sobre la imposición al consumo porcentajes crecientes de la presión fiscal. Los hay que incluso llegan a propugnar poco menos que la supresión total de la imposición directa, pero otros más moderados se inclinan a una simplificación de escalas, tarifas y desgravaciones; algo de eso llegó a propugnar el PSOE antes de su victoria electoral del 2004.
Lo que de verdad valdría la pena debatir es el modelo fiscal, abarcando todos los impuestos e incluso las cotizaciones a la Seguridad Social. Cambiar el modelo productivo, como tan insistentemente se señala objetivo prioritario, deberá llevar adherido un nuevo patrón tributario que sea coherente con el futuro y no fijado en lo que se quiere dejar atrás. Y, es casi ocioso recordarlo, rehacer el sistema no sólo debe abordar el capítulo de ingresos: reconsiderar el cuánto y por qué de cada euro gastado será tan importante… o más.
Enrique Badía