Constatado que España no es Grecia, el problema de fondo sigue ahí: la crisis está poniendo de manifiesto el escaso margen de maniobra que los órganos de la eurozona tienen para afrontar una situación de dificultades agudas en uno de sus socios. Carecen de instrumentos efectivos para prestar apoyo material, pero tampoco disponen de capacidad para forzar el cumplimiento de recetas que eviten contagios al resto del área. La cosa discurre, por tanto, por el etéreo camino del respaldo político-institucional y la recomendación. ¿Suficiente para insuflar calma a los mercados? De momento, no parece.
Las autoridades helenas han transgredido prácticamente todo. No sólo dejaron de cumplir los compromisos derivados de la pertenencia al euro, sino que falsearon datos para ocultarlo. Ahora, tras haber tenido que admitir unas cifras insostenibles, afrontan un escaso nivel de credibilidad para sus propósitos de enmienda en el plano externo, y una fuerte presión interna contraria a la adopción de medidas de austeridad. La magnitud del desajuste fiscal y la alta sensibilidad instalada entre los inversores han multiplicado los efectos de lo que, en otras circunstancias, quizás no hubiera superado una progresión de la prima de riesgo de los títulos emitidos desde Atenas. O al menos en eso parecían confiar quienes diseñaron la arquitectura del euro y establecieron las reglas de cumplimiento del Pacto de Estabilidad.
Desde la propia firma del compromiso de respetar los límites de déficit y deuda heredados de Maastricht quedó patente la difícil aplicación de los correctivos previstos, pero los tiempos de prosperidad lo camuflaban todo, entre otras razones porque el concepto riesgo parecía haberse evaporado del sistema financiero mundial. Lo importante es que el mensaje prevaleció: saltarse los topes no comportaba repercusión.
Siempre se pensó que la hora de la verdad llegaría cuando surgiera una crisis aguda en una o varias economías adheridas a la moneda común, y todo parece indicar que ese escenario está aquí. La coyuntura ha puesto de manifiesto un flanco débil del funcionamiento de la eurozona. Por una parte, los tratados oponen reparos, prácticamente prohíben que los socios se presten asistencia financiera entre sí. Algo que tampoco puede hacer el Banco Central Europeo (BCE). Por otro lado, ninguno de los organismos comunitarios tiene suficiente capacidad coercitiva para forzar el cumplimiento de un plan, unas medidas o cualquier otra instrucción emanada del Eurogrupo, el Consejo o la Comisión.
Frente a los mensajes imperativos que surgen de Bruselas y otras capitales comunitarias, las autoridades griegas plantean ¿a cambio de qué? Desde hace días están alternando un discurso que reprocha a sus colegas abusar de la palabrería y no implicarse de forma más decidida en la resolución de sus problemas, con la reclamación de mayor confianza en sus propias capacidades para remontar la situación sin injerencias.
Europa tiene, en realidad, un serio dilema: si decide socorrer financieramente a Grecia, podría correr el riesgo de que los mercados interpretaran pérdida de rigor en la exigencia de la disciplina presupuestaria; si no lo hace, el peligro estriba en que los inversores disminuyan su confianza en los títulos nominados en euros, al no materializarse el presumido respaldo y las garantías asociados a la moneda común.
Suena cada vez más al casi imposible requiebro ni contigo ni sin ti…
Enrique Badía