Resulta bochornoso pensar que nuestro país sea percibido en el exterior como un auténtico paraíso para los amantes de la ilegalidad. Pero según pasan los años vemos nuevos casos, cada vez más indignantes, que evidencian nuestra triste realidad. Si una persona quiere delinquir, lo inteligente por su parte es hacerlo en España. Y si -por esos avatares del destino- dicha persona es detenida y sentenciada a cumplir condena, nada más adecuado que la tierra de Cervantes para pasar el mal trago. Al fin y al cabo, estando aquí, ni siquiera será tan malo.
Eso debe pensar el primer preso de Guantánamo que va a acoger España. Es un joven palestino que fue detenido tiempo atrás como sospechoso de terrorismo. Ahora tendrá un permiso legal de residencia en el territorio español. No tiene causa penal abierta en Estados Unidos, lo cual debe suponer algo así como una garantía de buena voluntad para nuestro Ministerio del Interior. Tan segura ven su adaptación Rubalcaba y compañía que este ex recluso, proveniente de uno de los centros de detención más seguros del mundo, podrá trabajar y desplazarse libremente entre todos los españoles gracias a un permiso de residencia concedido por «razones humanitarias». Eso sí, no podrá salir de España. Algo cuanto menos llamativo en una Unión Europea donde hace ya muchos años que no hay aduanas, y los pasos fronterizos son prácticamente incontrolables.
Pero éste es sólo un caso, el último que ha aparecido en los medios. Hay muchos más en el día a día de nuestra nación. Por ejemplo, la inmigración ilegal, que es otra de esas facetas de nuestro Gobierno que nadie comprende. Si una persona entra ilegalmente en casi cualquier país del mundo, es detenida y devuelta al país de origen. Es más, si el país de destino está en Oriente Próximo, en Corea, en Cuba, o en China, por ejemplo, es muy posible que esa persona no vuelva a ver la luz del día. Si sucede en España, sin embargo, el ilegal puede recibir un permiso de trabajo además de gozar de atención sanitaria y beneficios múltiples. Y no olvidemos que, dejando de lado el factor «solidario», se trata de una persona que ha infringido la ley. Y si está escrita, es para cumplirla.
La transigencia de nuestra Justicia es tal que libera a violentos como el agresor de Ernesto Neira -que bien pudo haber muerto- o a asesinos confesos como Farruquito o «el Rafita». Tenemos un sistema que permite que los políticos sigan llenándose los bolsillos a costa de los ciudadanos. Que facilita que los terroristas salgan de la cárcel por «buena conducta». O que deja que se tome el pelo a todo el pueblo español mediante una huelga de hambre. Deprimente, lamentable. Y triste, muy triste.
Por ello no es de extrañar que el Gobierno español vaya a aceptar hasta cinco de estos reclusos, considerados hasta hace apenas unos meses como los más peligrosos del planeta, y les permita residir entre nosotros. Al fin y al cabo, ¿dónde mejor que aquí para que puedan vivir en paz? www.miguelangelrodriguez.net
Miguel Ángel Rodríguez