Los últimos días de febrero, Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) van a tratar de llenar las calles de ciudadanos para escenificar y reforzar su rechazo al posible aplazamiento de la edad legal de jubilación. Lo han interpretado como un intolerable recorte a los derechos de los trabajadores, frente al argumento gubernamental de que es necesario para atenuar los dispendios futuros de la Seguridad Social. Nada menos, pero tampoco nada más, aunque quizás valiera la pena reflexionar sobre otros aspectos a considerar.
Para empezar, el paso de 65 a 67 años tiene algo de falaz. Por una parte, la edad media de retiro está ahora mismo en torno a los 63 años. Por otra, existen ya colectivos en los que la actividad puede extenderse hasta los 70 años, de forma voluntaria e incluso con determinados incentivos para empresa y trabajador. Igual que en otros se ha fijado la jubilación muy por debajo del tope general. Y es conocido que tanto el Gobierno como los propios sindicatos han sido, no sólo tolerantes, sino patrocinadores entusiastas de procesos de prejubilación que en ocasiones incluso se han situado por debajo de 50 años, no siempre en tareas de especial esfuerzo o peligrosidad.
Sin duda, es responsabilidad de todos propiciar que el sistema de Seguridad Social, comenzando por las pensiones, se pueda sustentar sin que comporte un lastre para el bienestar y la prosperidad de las generaciones futuras, pero no lo es menos gestionar la inserción de los millones de personas que integran y van a integrar de forma creciente las partes superiores de la pirámide de población.
La longevidad es una evidencia que presumiblemente irá a más. La esperanza de vida aumenta año a año, al punto de que alcanzar la centena ha dejado de ser una utopía para constituir una probabilidad. Es por ello que corresponde plantearse hasta qué punto tiene sentido forzar que una persona deba permanecer 20 o 25 años inactiva por imperativo legal. Constituye, entre otras cosas, tender hacia un horizonte de práctica equiparación entre los periodos activo y pasivo, sin contar con los años previos centrados en la formación.
No menos importante es reflexionar sobre la conveniencia de que la sociedad en su conjunto persevere en la actual manía de prescindir de la experiencia que comporta el recorrido vital y profesional. Se aprecia en demasiados sitios una tendencia cuasi obsesiva a rejuvenecerlo todo, con renuncia tácita o expresa a una combinación entre distintos estratos de edad. ¿Tiene sentido? Y, lo que suena más relevante, ¿se lo puede permitir el país? Edad y experiencia deberían ser un dato a tener en cuenta, no tanto una especie de línea divisoria entre valer y prescindir. ¿O no?
Una de las cuestiones a replantear, mejor recuperar, debería ser un grado suficiente de voluntariedad. Es de sentido común que una persona que ahora mismo se ve abocada al retiro forzoso contemple como excesivamente dilatado el periodo de inactividad -por decirlo claro, probable exclusión- que tiene por delante: supone asumir veinte o más años de hacer… ¿qué? Lo que no niega que otros, queriendo, pudiendo o ambas cosas, asuman ilusionados ese nuevo rol impuesto por la legislación en vigor. Parece, pues, que existe un creciente grado de segmentación en la sociedad.
A eso habría que responder. Fijando, en principio, fórmulas flexibles y con el debido grado de decisión individual -voluntaria- para acogerse a ellas. Pero también buscando modos de mantener caminos de no exclusión de los bien o mal llamados mayores, tanto en beneficio de ellos mismos como en provecho del conjunto de un país que, tal y como están las cosas, no parece estar en condiciones de despreciar contribuciones… sea cual sea su edad. ¿No constituye un factor a tener en cuenta la tasa de natalidad, desde hace décadas muy por debajo del índice de sustitución, que traza un horizonte declinante del colectivo potencialmente activo? ¿Ha dejado de ser cierto que trabajando menos personas se prosperará peor?
Aunque algunos intenten simplificarlo, el debate está ahí.
Enrique Badía