Puede que una reforma laboral de mínimos sea lo máximo que en estos momentos cabe aspirar. Indudablemente, es mejor que nada, siquiera para dar un poco de ánimo, transmitiendo un mensaje distinto al de relativa indiferencia, casi pasotismo, que hasta el momento parecía predominar en demasiados sitios frente a una crisis cuyas consecuencias no paran de empeorar. Pero tampoco se debería esperar mucho más.
Sería contraproducente alentar la idea de que cambiando las reglas del mercado de trabajo se va a detener la destrucción de empleo o relanzar la contratación. Los efectos, suponiendo que vayan a ser beneficiosos -ya es suponer-, serán, como los de la mayoría de reformas estructurales, a medio plazo y, en este caso concreto, dependientes de cómo evolucione la economía, sector a sector.
Haber distorsionado los mensajes es una táctica siempre reprochable, pero en estas circunstancias resulta aún peor. Unos han presentado la preservación de los derechos fijados normativamente como una especie de garantía para sostener el empleo. Otros, en sentido inverso, han sugerido que la ola de despidos y la caída de las nuevas contrataciones se han producido como consecuencia de unas reglas excesivamente rígidas. Ni lo uno ni lo otro es verdad.
Los casi dos millones de puestos de trabajo evaporados desde que comenzaron a agudizarse los problemas derivan del descenso en picado de la demanda y el consecuente desplome de actividad. Y es por eso mismo por lo que en estos tiempos no hay prácticamente empresario que se adentre en nuevos proyectos, amplíe su actividad ni, en consecuencia, se plantee contratar.
La realidad empresarial de los últimos meses está caracterizada por exceso de capacidad. La caída de ventas ha abocado a no pocas empresas a desaparecer, otras han tenido que recortar producción tras acumular stocks insostenibles y la mayoría que sobrevive es a costa de reducir márgenes e incluso consumir reservas para hacer frente a la acumulación de pérdidas.
Sería hora de decir alto y claro que el problema crucial es de pérdida de competitividad. No sólo en los mercados externos, como por lo general suele señalarse, sino también a nivel doméstico, porque en ambos es cada vez más frecuente encontrar productos y servicios foráneos que ofrecen mejor relación entre lo que cuestan y lo que dan.
Antes o después, se acabará imponiendo la evidencia de que superar la crisis requiere recuperar un amplio sentido de austeridad, eficiencia y mesura, asumiendo que parte de la riqueza presumida era irreal. Siempre que se alude a ello suele señalarse el ámbito de las administraciones públicas, sin duda con bastante razón, pero también el sector privado tiene bastante que hacer.
A título de ejemplo, la economía española mantiene todavía amplios reductos de privilegio, más o menos protegidos de la libre competencia y carentes de la flexibilidad que impone la globalización. Y no parece que vaya camino de remediarse, visto el decepcionante curso que está siguiendo la transposición de la directiva europea de servicios, a modo de muestra de que todavía demasiada gente sigue sin entender en qué consiste el mundo actual.
Se admita o no, superar con bien la crisis va a requerir recetas y actitudes que vayan bastante más allá de lo poco o mucho que acabe dando de sí cualquier reforma del mercado laboral.
Enrique Badía