Aunque le ha costado, el Gobierno parece haber decidido afrontar la realidad. Le va a suponer, le está suponiendo ya, desdecirse de algunas cosas, tomar decisiones que había negado e incluso incumplir más de un compromiso. Y es que las cosas no van como había previsto, sino peor.
Sólo fijados en el refranero, la rectificación sería de aplaudir, pero la enjundia de los asuntos y el recorrido seguido hasta ahora sugieren ir más allá. No queda más remedio que recordar las veces que no sólo se ha negado la necesidad de introducir reformas que ahora se plantean, sino que se ha llegado a descalificar a quienes insistían en su necesidad: desde expertos a analistas, pasando por reputados organismos nacionales e internacionales. Sin necesidad de excederse en el reproche, no cabe por menos que señalar el tiempo que se ha perdido y lo que, en determinados casos, con determinadas medidas, se hubiera podido mejorar o evitar.
Precisamente por eso, a la obligación de explicar cada propuesta, su necesidad y los objetivos que persigue, deberá añadir la justificación creíble de por qué negó antes lo que plantea ahora o, visto de otra manera, las razones de entonces y ahora que subyacen tras la mutación.
De momento, no ha empezado demasiado bien. Al menos en lo referido a la edad de jubilación y las pensiones, no da la sensación de haber abandonado la táctica del globo sonda, la filtración a plazos y el intento -¿estéril?- de aparentar que no se está enmendando ningún error. Nada parecido, en suma, a reconocer una sola equivocación pasada y mucho menos pedir un poco de perdón.
Haber negado tantas veces y durante demasiado tiempo que ciertas reformas eran imprescindibles va a complicar sin duda su aceptación y, en consecuencia, su implementación. Las que atañen a las prestaciones del estado de bienestar, por ejemplo, van a tener que ir mucho más allá del moderado aplazamiento de la edad legal de jubilación.
Más o menos sabiamente, es posible que la rectificación no haya hecho más que empezar.
Enrique Badía