Aurora caminaba anoche por la carrer de Sant Josep Caçadors, muy cerca de la Plaza Mayor de Vic, donde antes estaba el ayuntamiento. De pronto, y junto a un sobrio y frío muro de piedra, distinguió un bulto en la penumbra. Era un perro malherido.
El animal estaba recostado y hacía lo imposible por levantarse. No podía. Una de sus patas sangraba. A ella se le cayó el alma al suelo. «Pobre, lo habrán atropellado», murmuró. Aurora, que es una buena mujer, como casi todo el mundo en Vic, parecía compungida. Acarició al animal y rápidamente llamó a la guardia urbana. «Sería incapaz de dejarlo ahí tirado», le comentaba luego, orgullosa de sí misma, a Sarah, su vecina. Por la mañana levantó incluso el teléfono para interesarse por el can.
¿Se imaginan qué habría sentido Aurora si en vez de un perro maltrecho se hubiese topado con una persona?, ¿habría sido capaz de dejar en la estacada a un ser humano? En modo alguno. Seguro. Los de Vic no son así. Por eso Aurora quizá agradecería que alguien -no un político, por favor- le explicase qué es lo que su ayuntamiento pretende realmente hacer con los inmigrantes en situación irregular. Alguien debería explicarle que negar el padrón a un ser humano es dejarlo desprotegido en cobertura sanitaria y servicios sociales.
Ella oye muy a menudo que España se ha convertido en un coladero para los extranjeros, que los que vienen de fuera nos quitan el trabajo, que la mayoría de los delincuentes son rumanos, marroquíes y colombianos, y está, la verdad, un poco confundida. No sabe qué pensar. Por un lado, no tiene nada en contra de Sarah, su vecina dominicana con la que se lleva estupendamente pero, por otro, tampoco le parece bien que a Javier, el hijo de Angelines, otra vecina de Vic de toda la vida, no lo quieran en ningún sitio y lleve ya el chaval año y medio en el paro.
Los políticos juegan a confundir. Que el Ayuntamiento de Vic pierda los papeles y pretenda impedir empadronarse a los inmigrantes ‘sin papeles’ no es sólo una indecencia moral sino también una flagrante ilegalidad que un Estado de Derecho como el nuestro sabrá combatir.
No es el dislate de Vic lo que más debería preocupar. Tampoco lo es la preocupante ineficacia de la recién estrenada Ley de Extranjería ni el oportunismo político del que el PP se sirve para reclamar una nueva reforma. Lo más alarmante, lo que debe hacer saltar todas las alertas, es la irrupción e inquietante ascenso de Josep Anglada. Tras la experiencia vivida en Francia con el Frente Nacional de Le Pen o en Austria con la Unión por el Futuro de Jörg Haider, los españoles deben cuidarse muy mucho de caer nuevamente en errores del pasado.
Anglada preside un partido de ultraderecha que, con sus cuatro concejales, se ha convertido en la segunda fuerza de Vic y ha influido de forma decisiva en la cruzada que ahora abandera ese consistorio. Partidario de la pena de muerte, este comandantín formado en la Falange espera convertirse muy pronto en alcalde, para desgracia de los inmigrantes y de la salud de nuestra democracia. Su siguiente objetivo será el Parlamento de Cataluña.
De todos los males de nuestra sociedad tienen la culpa los de fuera. Eso al menos piensa él. Para Anglada son ellos los que están detrás del paro y de la delincuencia. «No hay dinero ni espacio para todos», asegura solemne cuando, más bien, debería preguntarse si hay espacio para él en una democracia parlamentaria como la nuestra. Ojalá pronto se lo pregunte y ahueque el ala.
Quienes consideran que existe un cierto descontrol en la política de inmigración y que es necesario cambiar la Ley de Extranjería no pueden amparar, sin embargo, iniciativas xenófobas como la que impulsa el Ayuntamiento de Vic, que finalmente ha cedido a las pretensiones del Le Pen de Vich, que es por cierto el nombre que recibía este municipio en tiempos de ese Franco que anhela Anglada.
Luchar contra la inmigración ilegal es interceptar pateras, es vincular la residencia a contratos de trabajo, es expulsar de inmediato a los extranjeros que delincan, es aumentar los efectivos policiales, pero no dejar que amantes del nacionalsocialismo den rienda suelta a su racismo. Empadronarse es, además, un derecho adquirido por los inmigrantes, un derecho plausible que les confiere un mínimo de dignidad del que hasta los perros disfrutan en España.
Armando Huerta