Una cosa que se llama Comité de Derechos y Garantías, como ese del PP tan mentado estos días, no podía servir más que para eliminar derechos sin ninguna garantía. No falla: cuanto más nobles son los objetivos declarados de un órgano, más repugnantes resultan sus funciones. Los partidos tienden a la burocracia desquiciante, por eso no echan a la gente sin más, diciéndoles que «no encajan en el proyecto», como hacen los periódicos, también empresas ideológicas. Institucionalizan la arbitrariedad en la más rigurosa tradición inquisitorial.
Ricardo Costa me empieza a caer bien. Le dijeron, como al Josef K. de Kafka, que estaba detenido pero podía seguir haciendo su vida normal. Ayer se le escapó autotitularse «secretario general» y lo han fulminado. El lapsus le ha costado el carné de militante sin darle tiempo a defenderse ante el tribunal popular. Ahora se nos anuncia un auto de fe para la semana que viene contra Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid y portaestandarte de Gallardón. Éste me cae aún mejor, porque se ve que puede prescindir del Infinity. Con sus afirmaciones en El País se puede estar de acuerdo o no, pero son lo más parecido a una crítica política que he oído en esta guerra personalista por el poder que libra Aguirre contra todos. Todos salvo los Cien hijos de Santa Esperanza, esos alcaldes que han salido en tromba para demostrar que la lideresa los tiene cogidos por el aparato (el del PP regional, naturalmente).
Cobo censuraba la hipocresía de quien se dice liberal mientras interviene sin miramientos en la televisión, Ifema o Cajamadrid, lo que, sin duda, constituye una discrepancia política. Tampoco es partidario de que se espíe a la gente gratuitamente desde las instituciones, una objeción a los métodos antidemocráticos que constituye una declaración de principios.
En lugar de defenderse de estas críticas públicamente y exponer qué ideario hace aconsejable tener a Ignacio González presidiendo la cuarta entidad financiera de España, Aguirre ha forzado que se ventile el asunto en el susodicho comité. Así el PP da una imagen idónea de partido desnortado, que somete a proceso a los autores de supuestas ofensas verbales, mientras permite conservar su carné de militantes a un diputado y un senador imputados en el ‘caso Gürtel’. Se ve que un corrupto les molesta menos que un pijo y un deslenguado. www.irenelozano.com
Irene Lozano