jueves, marzo 28, 2024
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Posibles responsabilidades penales en ANV

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Estamos dándole vueltas a la posibilidad de disolver las corporaciones locales presididas por alcaldes de ANV, aunque mejor sería expulsar de los ayuntamientos vascos y navarros a todos los miembros de esa formación filoetarra. Sin embargo, lo ocurrido en el Parlamento de Vitoria no nos permite ser optimistas. Entonces nos conformamos con la disolución del grupo batasuno, pero dejando a sus miembros allí, individualmente, hasta el término de la legislatura. Nuestro ordenamiento jurídico no permitiría ir más lejos. Ahora, unos consideran aplicable el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, mientras que otros entienden que nada podrá hacerse sin previas reformas legales. Una controversia que no contempla todas las facetas de la cuestión.

El Tribunal Supremo ha ilegalizado a ANV y, pese a que un partido ilegalizado no se identifique necesariamente con una asociación criminal, las razones de tal pronunciamiento tuvieron mucho que ver con su pertenencia al entramado etarra. El mismo día en que el PSOE y otras fuerzas políticas rechazan la aplicación al caso de aquel artículo 61, la Unión Europea incluye a ANV en su listado de organizaciones terroristas. El ciudadano se pregunta si el Derecho penal no tendrá nada que decir en este caso. Pese a las dificultades derivadas del componente político de la cuestión y del mayor o menor número de personas que debieran sentarse en el banquillo.

Habrá que distinguir entre la mera sintonía ideológica con los terroristas y el apoyo fáctico a los mismos. No todos los votantes de HB o ahora de ANV incurrirán en responsabilidades penales, pero aquí se trata de quienes ostentan cargos de responsabilidad en esa organización como rama civil de ETA. Hay recaudación de impuestos, información, propaganda, violencia callejera y ocupación de zonas, poblaciones y villas «liberadas».

No puede tolerarse que ocupe la presidencia u otro sillón de un ayuntamiento democrático quien debiera ocupar una celda carcelaria. Y si hay que cambiar la legislación, se cambia para que no continúe en su cargo público quien ya esté procesado como terrorista o incluso condenado en la instancia pero pendiente aún de la resolución de algún recurso. ¿Se imagina el lector algo similar en Alemania con el nacionalsocialismo o la banda Beader-Meinhof?

España es, en efecto, un país peculiar. Pueden transcurrir treinta años antes de conseguirse que la bandera nacional ondee en la sede del Parlamento Vasco. Y puede que la enseñanza en la lengua común sea letra muerta en alguna Comunidad Autónoma.

José Luis Manzanares

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