Como relató Doña Sofía a la inefable Pilar Urbano, los Reyes no tienen la misma libertad de expresión que el común de los mortales. Es natural -y constitucional- que así sea porque la Jefatura del Estado, en una monarquía parlamentaria, está por encima del debate ideológico. De ahí, sin embargo, a que el Rey no pueda profundizar más de lo que habitualmente hace en su mensaje navideño, va un trecho. Don Juan Carlos sólo se dirige a la Nación el 24 de diciembre. Se trata de su intervención más singular, más diferenciada y más personal. Se supone que ese parlamento debe ser sustantivo y ofrecer, con sutileza pero no de manera críptica, determinadas claves de la observación de los acontecimientos desde la perspectiva de la Corona.
Este año, Don Juan Carlos se ha referido a temas de actualidad, pero lo ha hecho con un vuelo excesivo y contenido. Demasiado constreñido por las autolimitaciones que la Corona se impone para no importunar a nadie. La referencias del Jefe del Estado -a la Constitución, al terrorismo, a las relaciones exteriores y a la crisis económica-, siendo oportunas, han resultado muy obvias y tópicas, sin intención suficiente para conocer cuál es su auténtica percepción de la realidad nacional.
Ha llegado el momento, quizás, de que nuestra monarquía constitucional y el Gobierno, con el consenso de las principales fuerzas políticas, clarifiquen un asunto esencial: cuando habla el Rey ¿quién habla?, ¿lo hace el titular de la Corona de manera autónoma y libérrima o es la voz del Gobierno?, ¿se somete el discurso del monarca a la aprobación del Ejecutivo? En otros países -el más emblemático, Gran Bretaña- el soberano o la soberana son la voz gubernamental con un sesgo más institucional, pero no cabe especulación alguna sobre la autoría del texto de su intervención. En España, esta cuestión no está nada clara, de tal modo que cuando el Rey se dirige a la Nación no se sabe qué grado de autonomía dispone para decir lo que crea conveniente, desde su posición suprapartidista. Si, como este año, el monarca incurre en lugares comunes, en llamamientos bien intencionados a la unidad, en apelaciones a la generosidad y al esfuerzo, sin incisiones en la piel socio-política de España, ¿qué instancia debe asumir la responsabilidad de un discurso manifiestamente mejorable?
Monárquico convencido como soy -por raciocinio más que por visceralidad-, desearía que la Corona dispusiese de una normativa de referencia que regulase aspectos de la proyección pública de la Corona que ahora deambulan entre el uso y la improvisación. Entre otras razones porque hay aspectos de nuestro sistema constitucional que deben estar claras y nítidas. Y entre ellas la determinación de que el Rey es él cuando habla y no una voz institucional del Gobierno de turno. Así sabríamos a quién endosar la responsabilidad por piezas oratorias que, como la del miércoles pasado, debían disponer de más recorrido.
José Antonio Zarzalejos