Un nuevo escándalo en la Argentina, para terminar el año. Esta vez se trata de un polémico fallo relacionado con 21 acusados (Alfredo Astiz, entre ellos) por crímenes en la última dictadura argentina, y cuya puesta libertad ha sido ahora detenida por un recurso judicial y otro del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
En efecto, la sala II de la Cámara de Casación, ordenó que se suspendiera la prisión preventiva de los mencionados represores de la ESMA, en razón de que las mismas habían sobrepasado el plazo de tres años previsto por la ley. Los jueces Guillermo Yacobucci y Luis García, que firmaron el fallo, establecieron que no debía ejecutarse hasta que no venciera el plazo del Ministerio Público para presentar recursos extraordinarios. En esta situación, y rápidamente, el fiscal Raúl Plee presentó un recurso, frenando la ejecución de esa sentencia, mientras que, paralelamente, el Gobierno anunciaba -en conferencia de prensa- que pedirá juicio político a los magistrados, buscando la remoción de los dos jueces que firmaron el polémico fallo, además de otros magistrados.
Es notorio que la Corte Suprema no actuará con diligencia para resolver este asunto, mientras se encuentren detenidos los represores; y, por otra parte, se considera altamente improbable que, cuando lo haga, pueda acceder a otorgar la libertad de los imputados.
Junto a la sorpresa de los ministros de la Corte ante aquel fallo, trascendió, asimismo, el alto número de causas de derechos humanos que tienen en sus manos, razón por la cual tardarán en ingresar a su agenda, y recién el año próximo, el asunto que involucra a Alfredo Astiz y a veinte represores más. Eso sí, al iniciar sus sesiones el año entrante, el Consejo de la Magistratura deberá abocarse al estudio de la denuncia del Gobierno contra ocho camaristas a los que procura destituir.
Entre las numerosas repercusiones que ha tenido este sonado asunto, al que la cancillería francesa cuestionó tildándolo de «vergüenza para la Argentina y la humanidad» (debe señalarse que Alfredo Astiz fue condenado en Francia), sobresalen, por su peso, las declaraciones del vicepresidente argentino Julio Cobos, el político con mejor valoración en la Argentina (tiene el 60 por ciento de aprobación, en tanto la presidenta Fernández de Kirtchner llega al 26 por ciento), quien ha expresado su honda preocupación por este asunto, pidiendo que se tomen las medidas necesarias que permitan el rápido castigo de los violadores de los derechos humanos.
Rubén Loza Aguerrebere