Configurar un nuevo modelo de financiación de las administraciones públicas es un reto con más frentes que el muy evidenciado de las relaciones entre el PSOE y su aliado catalán, PSC. No menos importante es evitar fisuras con las poderosas federaciones andaluza, extremeña y castellano-manchega, donde los socialistas controlan el Gobierno autonómico desde hace más de dos décadas, o evitar erosiones a las expectativas del partido en Galicia, Baleares o Madrid. Sin olvidar las dificultades derivadas del momento elegido, con una caída más que apreciable de la recaudación tributaria correspondiente a los impuestos total o parcialmente transferidos a las quince Comunidades sujetas al régimen común.
Nunca es sencillo combinar urgencia con complejidad. Ésta deriva sin duda del imperativo legal de tener que pactar el sistema con todas las Autonomías y al tiempo atender la pretensión de bilateralidad consagrada por ejemplo en el nuevo Estatuto de Cataluña, ya ley en pleno vigor. La perentoriedad, por otro lado, no deriva únicamente del plazo fijado en la norma catalana -pasado 9 de agosto- ni de las nada disimuladas presiones del tripartito que gobierna en Barcelona: viene también en buena medida obligada por la pérdida de ingresos que las administraciones autonómicas y municipales están sufriendo por la pérdida de actividad, destacadamente en sectores como el inmobiliario.
Pueden tener razón quienes piensan que no podía haberse elegido peor momento para acometer la reforma, pero no es menos cierto que muchas cosas han cambiado desde que se acordó el modelo todavía vigente, a iniciativa del Partido Popular, entonces al frente del Gobierno central. Una de ellas, de capital importancia, el apreciable incremento de la población concentrado en unas comunidades autónomas, más que en otras, con el consiguiente encarecimiento del gasto en prestaciones asistenciales y aumento de necesidades en materia de infraestructuras y equipamiento.
Lo deseable sería que, puestos a modificarlo, el nuevo esquema fuese de verdad nuevo, no un apaño continuista, capaz de durar. La financiación de los tres niveles en que está distribuida la estructura pública -central, autonómico y municipal- es una asignatura pendiente desde la puesta en marcha del agudo proceso de descentralización, cuyo principal efecto es la carencia de un suficiente grado de corresponsabilidad fiscal.
Con razón o sin ella, los responsables de entes territoriales han apelado con frecuencia a supuestas o reales insuficiencias financieras para justificar yerros en su gestión. Eso ha dado lugar, entre otras cosas, a sentimientos de agravio y discriminación que no ha minorado, todo lo contrario, la discutida y discutible difusión de unas balanzas fiscales poco fiables técnicamente.
Sería deseable, por tanto, que el nuevo modelo que ahora se gesta dejara clara la correlación, territorio a territorio, entre lo que aportan los ciudadanos y lo que cada gobernante hace con el dinero recibido de la sociedad. O, dicho de otra manera, que los ciudadanos pudieran tener diáfano lo que pagan y reciben en cada administración.
Enrique Badía