A estos venezolanos afincados en España se les investiga sobre todo por delitos de blanqueo de capitales procedentes en gran parte de la petrolera estatal Pdvsa y que fueron sustraídos durante la época en que Chávez estaba en el poder, han indicado diversas fuentes jurídicas.
Además de estas pesquisas, en los últimos meses las autoridades españolas han arrestado a varios venezolanos, muchos de ellos imputados en estos procedimientos, reclamados por su país o por Estados Unidos, donde también se les investiga.
En la Audiencia Nacional hay dos causas abiertas: una la lleva el juez Santiago Pedraz, que ha imputado al exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo por el desvío de 4,5 millones de euros de la petrolera, y la otra el magistrado Ismael Moreno contra la empresa asturiana Duro Felguera por sobornos a altos funcionarios venezolanos a cambio de contratos en Caracas.
Dentro de la causa de Morodo, en la que también se investiga a su hijo Alejo y a otras tres personas, se emitió el pasado mayo, cuando estalló el caso, una orden de detención contra Juan Carlos Márquez, exdirectivo de Pdvsa con nacionalidad venezolana y española que fue arrestado el pasado jueves a su llegada a España desde Panamá y encontrado el domingo ahorcado después de haber colaborado con la justicia española.
En el caso se indaga el cobro de 4,5 millones de euros de Pdvsa por parte de Morodo hijo mediante contratos falsos de asesoría legal suscritos con la petrolera bajo la rúbrica de Márquez entre 2012 y 2015, cuando Raúl Morodo ya no era embajador en Venezuela, un dinero que luego blanquearon en España.
En la causa de Duro Felguera figura como investigado el que fuera viceministro de Energía de Chávez, Nervis Villalobos, imputado además en un tercer caso que lleva el juzgado de instrucción 41 de Madrid. Villalobos también está procesado, junto a otros exdirectivos de Pdvsa, en un juzgado de Andorra, adonde se desviaron decenas de millones de euros de la petrolera.
Junto a Villalobos, el juzgado madrileño investiga por blanqueo a Luis Fernando Vuteff, yerno del opositor venezolano y exalcalde de Caracas exiliado en España Antonio Ledezma; a Rafael Ernesto Reiter, exgerente de Prevención de Pdvsa, y a la mujer y uno de los hijos del magnate venezolano residente en EEUU Roberto Rincón.
Se les acusa de haber blanqueado dinero de Pdvsa en España con inversiones como los 115 inmuebles valorados en 60 millones de euros que tiene bloqueado el juzgado en Madrid y Marbella (Málaga).
Los investigadores hablan de que la red de Villalobos pudo haber lavado hasta 1.200 millones de dólares (1.075 millones de euros) en España y Estados Unidos procedentes de sobornos de la petrolera.
Cabe la posibilidad de que esta causa del juzgado 41 acabe también en la Audiencia Nacional, ya que el juez se inhibió en favor de este tribunal, que aún debe decidir si la acepta.
Paralelamente a estos procedimientos judiciales, las autoridades españolas han arrestado en los últimos meses a numerosos ciudadanos venezolanos por orden de su país o de EEUU, que tiene causas abiertas contra ellos.
Sin embargo, las extradiciones a Venezuela se han visto frustradas por la Audiencia Nacional, que desconfía de la manera en que estas personas serán tratadas allí dada la inestabilidad del país.
Es el caso de la que fuera enfermera de Chávez y responsable del Tesoro de la nación, Claudia Patricia Díaz Guillén, y su marido Adrián Velásquez, que ejerció de guardaespaldas del fallecido presidente, así como de un excontable de Pdvsa.
Venezuela les investiga por haber sustraído fondos públicos en la etapa de Chávez y otro juzgado de Madrid, el instrucción número 28, ha abierto una investigación contra Díaz Guillén y su marido para averiguar si compraron con dinero sustraído a las arcas venezolanas un piso de lujo ubicado muy cerca de la Audiencia Nacional.
EEUU también reclama a algunos venezolanos chavistas residentes en España, que están pendientes de que se celebren sus respectivas vistas de extradición en la Audiencia Nacional, entre ellos Villalobos, que accedió a ser entregado.
También al exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Alvarado Ochoa (imputado en el caso de Duro Felguera) y al exgeneral chavista Hugo Carvajal, que fue jefe de la contrainteligencia militar de Venezuela y se mostró dispuesto a colaborar con la justicia.
Estrella Digital