Tanto las declaraciones del presidente de la República, Martín Vizcarra, como las de las ministras de Trabajo, Sylvia Cáceres, y de Economía, María Antonieta Alva, –que se publica en las páginas 2 y 3 de esta edición–, muestran falta de sensibilidad y hasta inacción.
La noche del lunes –a un día de la tragedia–, la ministra Sylvia Cáceres dio a conocer que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) necesitará 30 días para conocer la verdad de los hechos y –recién– multar con S/198 mil a la empresa, “de comprobarse que se vulneraron las normas de seguridad y salud del trabajo”.
En tanto, el presidente Martín Vizcarra esperó hasta ayer para fijar postura. Desde Piura, anunció que, la próxima semana, harán una serie de propuestas para “que se puedan evitar, a futuro, este tipo de situaciones… No podemos permitir que ocurran este tipo de accidentes y que no pase nada, y que al final todo se traduzca en una multa”.
Pero no dio a conocer una acción concreta ni exigió una sanción –que sienta precedente– para los responsables, ni celeridad en las investigaciones.
La ministra de Economía, María Antonieta Alva, en entrevista a Perú21, dijo: “Creo que con la seguridad y salud de los trabajadores no se transa. Como sociedad debemos ser cero tolerantes”. Pero no hay una sola decisión para aplicar medidas que permitan prevenir estas desgracias, como otorgar mayor presupuesto a la Sunafil, entidad encargada de efectuar las inspecciones laborales.
Para el analista político José Carlos Requena, el Estado y las autoridades deberían ser más proactivos. “Se esperaría una acción más decidida para investigar este tema y para evitar que este tipo de situaciones se den, que no sea una estadística más”, manifestó.
Sostuvo que, a veces, los políticos se manifiestan sin que haya algo de fondo. “Es bonito hablar, pero si no hay una acción decidida, es difícil que algo se vaya a dar”, indicó.
En tanto, Mariana Alegre, de la ONG Lima Cómo Vamos, enfatizó que algunos municipios no tienen la capacidad para hacer fiscalización de los establecimientos.
Refirió que en algunos casos, las comunas son muy exigentes al momento de establecer requisitos para otorgar licencia; en otros, son poco rigurosas o inclusive están vinculadas a corrupción, como a veces ocurre con el otorgamiento de los certificados de Defensa Civil.
Por otro lado, la mañana de ayer acudieron los representantes de McDonald’s a la Sunafil. “Se está desarrollando una diligencia fundamental para las investigaciones, que es la diligencia de comparecencia, con toda la información que se le ha pedido”, dijo Juan Carlos Requejo, jefe de dicha institución.
En tanto, la ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, manifestó que la investigación sobre este hecho está en marcha y será muy rigurosa para que no sea cuestionada. Reconoció, también, que los esfuerzos que hace su sector para efectuar fiscalizaciones laborales “aún son insuficientes”.
Los abogados de Alexandra Porras (18) y Carlos Campos (19) confirmaron a Perú21 que McDonald’s aún no ha entregado los videos de seguridad del interior del local en el que ambos fallecieron. Estos son piezas claves para aclarar sus absurdas muertes.
Estrella Digital