«Con las debidas garantías, debería ser suficiente con que la persona posea capacidad natural de juicio para entender el alcance de su decisión y decidir por sí misma lo que es mejor para ella», señala en un comunicado este grupo, integrado por unos doscientos catedráticos y profesores de Penal, jueces y fiscales y que busca impulsar una política criminal desde presupuestos progresistas.
El grupo respalda la proposición de ley impulsada por el PSOE, con la que dejará de ser punible «la causación o la cooperación activa en la muerte de una persona cuando esta sufra un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad grave e incurable con sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables» siempre que se cumplan unos requisitos.
Estos expertos consideran «razonables» tanto el procedimiento como las garantías que incorpora el modelo al estimar que incluye «medidas adecuadas para eludir los riesgos de posibles abusos» y aplauden también la regulación del derecho a la objeción de conciencia de los médicos.
A su juicio, la ley supone «un avance indiscutible para resolver las situaciones en las que la vida pierde su sentido como valor humano».
S.L.P.