«Nos puede distraer de lo importante», ha señalado en una entrevista en la Cadena Ser recordando la crisis sanitaria, económica y social provocada por el coronavirus.
Ante la petición de varias formaciones, incluida Podemos, de eliminar el delito de injurias a la Corona, se ha limitado a señalar que todos los debate jurídicos son aceptables y las críticas, sanas, pero ha estimado que las «ofensas» que debilitan a las altas instituciones «no son buenas».
Campo, que ha destacado que la decisión de que el rey emerito abandonara España la tomó la Casa Real -«no la ha tomado con el Gobierno»-, ha opinado que saber dónde se encuentra Juan Carlos I «tiene una importancia relativa».
«Lo verdaderamente importante son los pasos que está dando la Casa Real para fortalecer en términos de transparencia, de fiabilidad y de confiabilidad a una institución tan importante en nuestro marco constitucional», ha señalado.
A su juicio, el rey emérito, que no tiene ninguna causa pendiente, debe ser tratado como un ciudadano más, sin los juicios paralelos.
Tras insistir en que la Justicia es igual para todos y que todos los españoles tienen derecho a la presunción de inocencia, se ha mostrado convencido de que, si fuera citado, «no se tardaría ni un segundo en encontrarlo, él mismo se ofrecería voluntario para comparecer.
Ante quienes en este contexto apuestan por una república, Campo ha considerado que hay que hacer una «enorme pedagogía» para distinguir entre la actuación personal de quienes han encarnado en un momento determinado una institución y la institución misma.
Podemos es una de las fuerzas que está alentando ese debate y su líder, Pablo Iglesias, ha vinculado la investigación a su partido en una causa por malversación con su defensa de la justicia social y del republicanismo, pero Campo ha defendido la independencia del Poder Judicial.
«Confío en la Justicia, hay que dejarla actuar y ver cómo avanza una investigación que es muy primaria, muy reciente en el tiempo», ha señalado el ministro, que ha asegurado que no comparte la tesis de Podemos de que se trate de una operación para descabalgarle del Gobierno ni sus críticas a los jueces, que ha enmarcado en la libertad de expresión.
Sobre la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial y de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, el ministro ha afirmado que las negociaciones no están bloqueadas sino solo «un poco relajadas» por las vacaciones, y ha confiado en que el PP actuará como un partido de Estado para cumplir el mandato constitucional.
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