Se trata de avanzar en la implantación de mecanismos de solución amistosa de controversias para mejorar la capacidad de respuesta desde la justicia ante las consecuencias de la pandemia del COVID-19 y el previsible aumento de la litigiosidad, han informado este viernes fuentes del Ministerio en un comunicado.
Para conseguir este objetivo, el departamento que dirige Campo trabaja ya en el desarrollo normativo de la mediación en el ámbito administrativo, un planteamiento que se sumará a lo que ya se establece en el anteproyecto de ley sobre medidas procesales y tecnológicas sobre medios adecuados de solución de litigios para los órdenes jurisdiccionales civil y social.
“La preparación del anteproyecto está siendo un proceso presidido por la colaboración, la participación y el diálogo con los distintos sectores de la justicia, pero también con la sociedad civil», ha manifestado el ministro.
«Nuestro objetivo es lograr un instrumento legislativo que sea útil a nuestra sociedad”, ha argumentado, antes de recordar que este instrumento normativo es uno de los tres ejes del plan Justicia 2030 para lograr una Justicia Sostenible, junto al Real Decreto-ley 16/2020 de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 y a los planes de reactivación en las distintas jurisdicciones.
Campo ha considerado la mediación como un indicador de calidad en la prestación del servicio público y ha manifestado que comparte el compromiso manifestado también por el CGPJ en su Plan de choque hacia esta nueva forma de tutela a través del diálogo y el acuerdo.
“De forma paralela o previa a acudir a los tribunales, vamos a promover una nueva forma de resolver las diferencias de forma amistosa, desde el diálogo y el convencimiento mutuo en la solución alcanzada, trasladando el máximo protagonismo a las partes y evitando costes innecesarios tanto para los intervinientes como para el conjunto de los contribuyentes”, ha resumido.
El ministro ha detallado recordado las estimaciones sobre el incremento en la entrada de asuntos próximos al 140 por cien en la jurisdicción social, del 145 por cien en la jurisdicción civil y del 125 por ciento en lo contencioso administrativo.
Ha recordado los datos que recoge la memoria 2019 del Consejo General del Poder Judicial de 2018, que refleja que ingresaron 208.374 asuntos en esta jurisdicción, con una duración media de los procesos que alcanza un periodo de entre 10 y 14 meses y un total de 126.849 sentencias dictadas en los diferentes órganos de este ámbito.
Campo ha reivindicado por tanto la importancia de estos mecanismos de solución de controversias que son reclamados no sólo por el sector Justicia sino también por las empresas.
“Desde hace muchos años, el mundo empresarial a través de las Cámaras de Comercio, ha promovido la mediación o el arbitraje para resolver de forma consensuada las diferencias en relación con las PYMES, los autónomos o las grandes empresas”, ha subrayado Campo.
Para acometer esta tarea, ha citado el papel imprescindible de las Comunidades Autónomas, las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos, como actores fundamentales en el proceso de implantación de mecanismos como la conciliación o la mediación administrativa.
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