viernes, abril 19, 2024
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La asociación Unión Progresista de Fiscales muestra su preocupación por los delitos de violencia contra las mujeres

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En España, al menos 1000 hombres han dado muerte a sus parejas o exparejas mujeres, desde que esta cifra empezó a computarse a inicios del año 2003, en este 2019 ya se llevan computadas 23 mujeres asesinadas, once más que en el mismo periodo de 2018.

La acción de estos hombres, arrebatando la vida de mil mujeres, deja tras de sí un legado de dolor que, sin duda, durará generaciones, porque convierte en víctimas directas de este horror a sus hijas e hijos y extiende ese legado de muerte a familiares, amigas y amigos.

Desgraciadamente, existen otras múltiples formas de violencias machistas que discriminan diariamente a muchas mujeres: la violencia psicológica, las agresiones sexuales, las lesiones, las amenazas, las humillaciones, el chantaje emocional, el humor sexista, la cosificación de las mujeres en los medios de comunicación, la negación del machismo… Constituyendo todas ellas manifestaciones externas de la desigualdad estructural en la que nuestra sociedad coloca a las mujeres en relación a los hombres.

En la Unión Progresista de Fiscales creemos que debemos seguir avanzando en el camino igualitario que necesariamente pasa por la prevención y educación feminista en todos los ámbitos y áreas sociales y profesionales.

También creemos que en el ámbito penal es necesario abordar la regulación de los tipos penales que castigan determinadas formas de violencias contra las mujeres de una forma más acorde a las obligaciones adquiridas por España (desde el año 2014) en el Convenio de Estambul del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia sobre las mujeres de 7 de abril de 2011.

Por ello, y en el marco de este Tratado Internacional, interesamos del próximo Gobierno que ponga en marcha inmediatamente todas las medidas que se acordaron en el Pacto de Estado, en especial atención a aquellas que van encaminadas a la prevención y protección a las víctimas, con la implantación inmediata de la unidades de valoración integral de la violencia de género, allí donde no las hay con personal formado y especializado, en número suficiente para atender a todos los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer en funciones de guardia.

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