viernes, abril 19, 2024
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Llegan a Madrid los abogados españoles retenidos en Marruecos

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Los cinco abogados españoles que fueron retenidos el sábado en el aeropuerto de El Aaiún, capital del Sahara Occidental, han llegado este lunes de vuelta a Madrid.

Los abogados y dos observadores noruegos que formaban parte del grupo estaban retenidos desde el sábado por las autoridades marroquíes, que les negaron la entrada en el país para asistir al juicio de la periodista saharaui Nezha Khalidi.

En conversación telefónica a su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez, el abogado Ramón Campos ha explicado que el grupo viajaba enviado por el Consejo General de la Abogacía y que en viajes anteriores nunca habían tenido problemas.

Según Campos, cuando el sábado iban a pasar el control policial en El Aaiún, las autoridades marroquíes les prohibieron la entrada alegando que les faltaba un sello del Ministerio de Exteriores marroquí.

Campos viajaba junto a los también abogados, Lourdes Barón, del Colegio de Zaragoza; Lola Travieso y Ruth Sebastián, del Colegio de Abogados de Las Palmas, y Sidi Mohamed Talebbuia, del Colegio de Abogados de Madrid.

El grupo también incluía a dos observadores noruegos de la Fundación Rafto: Vegard Fosso Smievoll y Kjersti Brevik Moeller.

Según han explicado los abogados, el domingo fueron trasladados al aeropuerto de Casablanca, donde han permanecido hasta su regreso a España.

Según Fuentes del Ministerio de Exteriores, los Consulados Generales en Rabat y Casablanca han estado en «contacto continuo» con las autoridades marroquíes y con los retenidos.

Para Campos, la razón de que les hayan negado la entrada es que el juicio contra Nezha Khalidi, periodista en el portal electrónico «Equipe Media» en el Sahara Occidental, «es muy mediático porque afecta a la libertad de prensa» y las autoridades pretendían que «no acudieran los medios».

El Consejo General de la Abogacía Española había enviado al grupo de abogados y observadores para asistir al juicio contra la periodista acusada de incumplir los requisitos necesarios para ejercer la profesión. Un cargo con penas de entre tres meses y dos años de cárcel.

El juicio, que ha sido aplazado hasta el 24 de junio, contará «seguro» con la participación de observadores, ha concluido Campos.

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