viernes, diciembre 2, 2022

El PP sigue queriendo duplicar la población de Boadilla del Monte

El urbanismo vuelve a ser motivo de disputa en Boadilla del Monte (Madrid). Y parece dispuesto a empañar la campaña que estos días se desarrolla en este municipio madrileño especialmente salpicado por la corrupción. Hace un mes que el Tribunal Supremo tumbó definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en 2001 por la corporación local del entonces alcalde, Arturo González Panadero (PP), actualmente imputado en la ‘trama Gürtel’ por supuestas adjudicaciones irregulares. Panero, conocido como El Albondiguilla en las conversaciones de la red Gürtel, y alcalde de Boadilla entre 1999 y 2009, pretendía duplicar la población del municipio hasta los 85.000 habitantes. Y el nuevo plan de urbanismo, esta vez aprobado por el ‘popular’ Antonio González Terol a finales de marzo, parece ir por el mismo camino. 

El concejal de Urbanismo de Boadilla, Miguel Ángel Ruiz, asegura a ESTRELLA DIGITAL que con el nuevo plan el techo poblacional «nunca superará los 70.000 habitantes». «No se construirán más de 6.000 viviendas nuevas. Así que si multiplicamos 6.000 por el coeficiente de 3,4 personas (que es la media que marcan los arquitectos) resultarían unos 20.000 habitantes más. Una cifra que sumada a los 47.000 que hay actualmente nunca alcanzaría los 70.000», explica el edil. Ahora bien, esto no es lo que dice exactamente el proyecto de Terol.  En concreto, en dicho plan se analizan tres alternativas, y la tercera, que según el documento oficial «se ajusta en la mayor medida posible a los objetivos prefijados a obtener en el NPG y se considera adecuada como base para desarrollar el Avance de Planeamiento», habla exactamente de un techo poblacional de 84.672 habitantes.

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El actual Gobierno ‘popular’, consciente de las dificultades con las que contaba el plan anterior, comenzó en 2013 la elaboración de un nuevo proyecto. El equipo de González Terol ha dedicado prácticamente toda la legislatura a la elaboración de este plan. Pero sigue sin contar con el consenso deseado. El proyecto de Panero –anulado en 2003 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y ahora por el Supremo– ya pretendía doblar la población de Boadilla, de los 47.000 habitantes que hay actualmente, hasta los 85.000, “y el nuevo Plan de Terol, aunque se le ha intentado barnizar, tiene el mismo objetivo”, denuncia José Antonio Martín, candidato del PSOE a la Alcaldía en el municipio madrileño.

Según explica el socialista, el 90% del plan de 2013 es igual al de 2001. «Ha habido modificaciones. Algunas de ellas procedentes de sugerencias y aportaciones de vecinos y de los grupos municipales, como ha sido el hecho de dotar de protección a todo el monte de Boadilla. Es algo que originariamente no estaba. Pero el resto se ha mantenido», zanja Martínez. El Ayuntamiento alega que algunos ámbitos del plan viejo se repiten en el nuevo porque la ley exige que aquellos suelos que están urbanizados mantengan esa condición y se incluyan en el plan. «Donde se ha podido actuar se ha actuado, y donde la ley establecía que era un suelo urbano se ha quedado igual», insiste Miguel Ángel Ruiz.

Todas las formaciones representadas en Boadilla –PSOE, UPyD, Alternativa por Boadilla, Vox y Ciudadanos- han mostrado su rechazo al plan del PP. «Supone hipotecar el futuro de nuestro municipio, la pérdida de nuestra calidad de vida y la transformación de Boadilla en una gran ciudad», denuncian todas ellas a través de un comunicado que firman conjuntamente.

Así como también la «urgencia» del PP en aprobar las «modificaciones sustanciales» que se hicieron el 30 de abril de 2015 «sin la preceptiva información pública y sin la posibilidad de que los vecinos pudieran presentar alegaciones», lo que supone un «incumplimiento de los parámetros de Participación y Transparencia» que ellos defiende. A los pocos días de que el Supremo anulara el plan de Panero, el Ayuntamiento celebró un pleno monográfico a este respecto a petición de los partidos de la oposición. «En ese pleno se nos dijo que el plan seguía adelante. Al cabo de una semana, se volvió a convocar otro pleno porque se habían dado cuenta de una serie de errores. Nuevamente esos cambios se hicieron sin publicitar», asegura el líder de los socialistas.

El Gobierno municipal, por su parte, desmiente este extremo. Según explica el concejal de Urbanismo de Boadilla a este diario, en 2013, cuando el Ayuntamiento presentó el documento de avance, hizo la información pública «correspondiente» y abrió un periodo de sugerencias. «Pero desde ese año hasta la última aprobación de 2015 el planteamiento nuevo no ha sufrido ninguna modificación de carácter sustancial», asegura Miguel Ángel Ruiz.

El Ayuntamiento de Boadilla alega que una modificación sustancial «hubiera sido que en 2013 hubiéramos puesto un una zona industrial, y ahora, en 2015 fuera residencial, por ejemplo». «La oposición nos acusa de cambiar un plano porque así nos lo pidió la Comunidad de Madrid, pero eso era una aclaración, no una modificación. No había necesidad de información pública», zanja Ruiz, que ve en todo este «revuelo» la mano negra de las elecciones. «Desde que presentamos el avance hasta ahora ha habido dos periodos de información pública. UPyD, PSOE y Alternativa por Boadilla, en el segundo periodo de información no hicieron alegaciones. Llama mucho la atención ahora que todos se pongan de acuerdo cuando han tenido dos años y medio para hacerlo», remata el edil de urbanismo.

La guerra está servida. El PSOE, por su parte, asegura que sí ha hecho alegaciones -tal y como demuestran los archivos adjuntos a esta información-, pero que «ninguna» de ellas ha sido tenida en cuenta. «Están presentadas en el registro», remata Martín. «Este no es un tema electoral sino una cuestión que llevamos denunciando desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ellos no quieren ningún ruido que demuestre que no han sido capaces de hacer un plan general de urbanismo en condiciones en 30 años», zanja el socialista.

El nuevo plan fue aprobado a finales del mes de marzo por la mayoría absoluta del PP, pero aún necesita el visto bueno de la Comunidad de Madrid. Y la celebración de nuevas elecciones podría complizar su futuro. Es cierto que este proyecto incluye más zonas protegidas, no reclasifica suelo rústico y limita la expansión de ladrillo que imaginó González Panero, pero aún está por ver si el Gobierno madrileño que surge tras el 24M lo aprueba. 

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