Han pasado más de dos años desde que un incendio arrasara más de 20.000 hectáreas en el interior de la provincia de Castellón, llegando a cinco municipios de la zona, principalmente a Bejís. Pero también afectó a un un tren que conectaba Valencia y Zaragoza, y que se vio atrapado por las llamas en la zona de Caudiel. El resultado fue una decena de viajeros heridos, tres de ellos de gravedad, ingresados en la UCI por el carácter grave de sus quemaduras.
En aquel año era el Gobierno del Botánic quien estaba al mando de la Generalitat Valenciana, pero fue más de un año después, cuando el presidente Carlos Mazón ya en el Consell recibió a los afectados, quienes afirmaron haber «dejado de ser olvidadas» ese día. En esa reunión, el ‘president’ se comprometió con ellos y ahora va a cumplirlo, como afirmó en su discurso en el Debate de Política General.
La Generalitat está trabajando en un Decreto para la concesión directa de ayudas destinadas a las personas afectadas por este accidente. El importe total de las mismas, ascenderá a un máximo de 18.000 euros por perjudicado: 500 euros al mes por daños físicos y 250 por daños psicológicos. Están destinadas a cubrir los gastos correspondientes a tratamientos médicos generados en los dos años posteriores al incendio, tanto físicos como psicológicos. Para Mazón, es una forma de demostrar «que no caben demoras en la reacción y el apoyo de las administraciones ante tragedias de este tipo».
Campanar también en la mente
Al hablar de este suceso, el jefe del Consell también hizo referencia al incendio del edificio del barrio de Campanar. «Nos toca a todos estar a la altura», señaló. En esta tragedia, ocurrida en febrero del actual año, la Generalitat destinó un importe global de 1,38 millones de euros para la atención inmediata de quienes perdieron su residencia habitual y permanente.
La otra línea iba destinada a las ayudas para alquiler de vivienda, que en el caso de las personas que en el momento de producirse el incendio tuvieran su residencia habitual y permanente en una vivienda de su propiedad, la ayuda llegará hasta el año, y para quienes estaban en régimen de alquiler, la ayuda en principio era de tres meses, aunque hace un mes se extendió hasta seis. Estas son prorrogables en función de la vulnerabilidad de las familias.
El importe de la ayuda se fijó igual al precio del arrendamiento de la vivienda, con el límite de 1.000 euros mensuales, que se podrá incrementar hasta 1.500, a razón de 100 euros adicionales por cada una de las personas que además del solicitante, vayan a residir en la nueva vivienda.
Actualmente, ya se están realizando la limpieza de la fachada y el desescombro de las primeras viviendas en el edificio incendiado. Recordemos que, tras esta tragedia, hace unos días la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, anunció que a partir de ahora se exigirán fichas operativas del diseño de los nuevos edificios que se vayan a construir para conocerlo en caso de emergencia.