sábado, julio 20, 2024
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El Ministerio de Cultura inicia los trámites para la extinción de la Fundación Francisco Franco

Urtasun ha firmado el inicio de las actuaciones previas para proceder a la extinción de la Fundación Francisco Franco

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Ángela Merino
Ángela Merino
Periodista y comunicadora. | [email protected]

El Ministerio de Cultura ha dado el primer paso para extinguir la Fundación Francisco Franco. Ernest Urtasun, responsable de esta cartera, ha firmado este jueves el inicio de las actuaciones previas para acabar con esta fundación, de acuerdo a la Ley de Memoria Democrática.

Urtasun lo ha defendido con un vídeo en sus redes sociales, en el que sostiene que la Fundación Francisco Franco es «contraria al interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales».

Por tanto, en este primer paso se inicirán las actuaciones previas dirigidas a obtener información y elementos de juicios que motiven a abrir el procedimiento para extinguir la fundación judicialmente. La Ley de Memoria Democrática ampara extinguir a aquellas fundaciones que «no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo», que es precisamente lo que representa esta, en palabras del ministro.

Cultura ya adelantó esta decisión en abril, pero no ha sido hasta ahora cuando han comenzado los trámites para extinguirla. Además, desde el Gobierno ya señalaron entonces su intención de eliminar todas las fundaciones o asociaciones que «defiendan al dictador o vanaglorie a quienes defendieron el franquismo».

De momento, está abierta la primera fase, que consiste en solicitar información y pedir informes a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para comprobar si la Fundación Francisco Franco cumple con la Ley de Memoria Democrática.

La segunda fase pasa por abrir el procedimiento y, por último, terminaría con la solicitud de un informe a la Abogacía General del Estado con el que el Ministerio de Cultura podría extinguir judicialmente la fundación que alaba al dictador. Finalmente, serán los jueces los que tendrán la última palabra.

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