A la segunda, hubo acuerdo. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, logró este martes el sí de la mayoría de las Comunidades Autónomas a su acuerdo para mejorar la calidad de las residencias que cuidan de las personas mayores y dependientes. Un nuevo modelo de cuidados, que prohíbe por ejemplo las sujeciones en las residencias y que hará que estos centros se parezcan y funcionen como un hogar.
El acuerdo con las Comunidades Autónomas fija los requisitos mínimos que deberán cumplir los servicios de dependencia en España. La lección aprendida durante la pandemia, especialmente durante los meses más duros del confinamiento, ha guiado el acuerdo alcanzado. El objetivo es que las residencias de mayores se adapten a las necesidades y preferencias de las personas que los ocupan y no al revés.
Prohibidas las macro-residencias
Para ello, se prohibirá a partir de ahora la construcción de macro-residencias. El tamaño máximo permitido será de entre 75 plazas (en zonas rurales) y 120 (en zonas urbanas). Deberán disponer de, al menos, un 65% de habitaciones individuales y se establecerán unidades de convivencia por afinidad de un máximo de 15 personas, que tendrán que contar con espacios comunes como una cocina o un salón para su uso.
Se elevan también de forma progresiva las exigencias de personal hasta que haya, en 2029, al menos un trabajador por cada dos personas atendidas y un mínimo del 80% serán contratos indefinidos. Con esta medida, se prevé la creación de más de 34.000 empleos tanto en residencias como centros de día públicos, concertados o que cobren los cheques por servicio.
Se prohíben también las sujeciones como elemento de control de los residentes. Una práctica que la ministra Belarra considera que no tiene cabeda en países democráticos y que coincide con las reclamaciones de organizaciones representativas del sector como la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA).
Teniendo en cuenta que la mayoría de dependientes prefiere vivir en sus casas, el plan mejora los servicios de atención domicilia y la calidad en el empleo.
Para lograr esta importante transformación de todo el sector de la dependencia, el Ministerio y las Comunidades han acordado un plazo de transición de aquí a final de 2029. Este calendario y la nueva normativa será de aplicación a las nuevas residencias. El tamaño máximo de los centros no se exigirá a las residencias ya en funcionamiento.
“El modelo de residencias ha mostrado todos sus límites durante la pandemia a pesar de los enormes esfuerzos que han hecho muchos de sus trabajadores y trabajadoras”, ha explicado Belarra en un vídeo institucional difundido en su cuenta de Twitter.
“Me siento especialmente satisfecha de que hayamos logrado el que considero uno de los acuerdos más importantes de esta legislatura. Como todos lo pactos y negociaciones importantes, ha requerido muchas horas de diálogo, pero finalmente lo hemos logrado de la mano de las comunidades autónomas”.
Madrid y Castilla-La Mancha, en contra
Llegar hasta este entendimiento no ha sido un camino fácil. La negociación ha sido complicada y muchas comunidades, incluidas las gobernadas por el PSOE, mostraron hace un mes su rechazo al primer borrador por las dudas sobre la financiación de todo el plan.
El documento final ha salido adelante por 10 votos a favor (Extremadura, Canarias, Navarra, Comunidad Valenciana, Asturias, La Rioja, Baleares, Cantabria, Aragón y Melilla) y nueve en contra (Galicia, Madrid, Andalucía, Murcia, Ceuta, Cataluña, País Vasco, Castilla y León y Castilla-La Mancha, el único Gobierno socialista que ha rechazado el documento).
Extremadura y Asturias, ambas en manos socialistas y que hace un mes manifestaron su rechazo y su intención de abstenerse, respectivamente, han cambiado su posición hacia el sí. Comunidades como Cataluña y País Vasco esgrimen motivos competenciales.
Las competencias sobre las residencias de mayores están en manos de las Comunidades Autónomas y, en este caso, el Ministerio ha desarrollado la labor de coordinación de los nuevos requisitos. El nuevo acuerdo afecta a las residencias, centros de día, teleasistencia y servicio de ayuda a domicilio. Tanto a los servicios públicos, como concertados, y también a los cheques servicio. El documento da nueve meses a las autonomías para adaptar su normativa a estos nuevos requisitos