La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha citado a la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, a declarar en calidad de investigada el próximo 6 de julio por la gestión del caso de abusos a una menor tutelada por parte de su exmarido.
La Sala de lo Civil y Penal se declara competente para instruir la causa contra la también consellera de Igualdad y otros 13 investigados tras la exposición razonada remitida por el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia.
El Tribunal aprecia “una serie de indicios plurales” que “hacen sospechar la posible existencia de un concierto” entre la aforada y diversos funcionarios para “proteger a su entonces pareja o bien proteger la carrera política de la aforada”.
La resolución judicial ha suscitado la exigencia de la oposición de que la vicepresidenta sea destituida de manera fulminante, mientras que el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha mostrado su respeto a la justicia y el deseo de que todo se aclare, y desde la coalición de Oltra, Compromís, le han expresado su «apoyo incondicional».
EL AUTO JUDICIAL
La decisión del TSJCV de incoar diligencias previas, que era esperada después de que la Fiscalía respaldara la investigación de Oltra y le atribuyera los posibles delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos, pretende investigar si la «sospecha inicial» de una posible actuación concertada tiene «entidad suficiente».
El auto señala que los diferentes trámites seguidos en la Conselleria que dirige Oltra sobre este caso considerados de forma «aislada» no puedan entenderse «ilegales e incluso irregulares», pero si se valoran en su conjunto, «poniéndolos en relación con su contenido y su oportunidad», hace pensar que han sido elaborados «con un propósito muy concreto» y «de una muy dudosa legalidad».
Dicho propósito, añade al auto, sería «beneficiar la situación procesal del -entonces- marido del Oltra, o bien sencillamente tratar de proteger la carrera política de esta, aun cuando ello se hiciera en perjuicio de una menor tutelada por la Conselleria de Igualdad».
Reconoce que «no existe prueba directa que vincule esos singulares trámites con la aforada», pero cree que sí que concurren unos «indicios plurales, que en principio hacen pensar que fueron orquestados precisamente con ese fin, y considera «increíble» que Oltra se enterara de los abusos por la prensa.
El tribunal sospecha que, «en contra de lo afirmado conoció estos hechos desde el principio, bien por comunicación de alguno de sus subordinados, bien por sencillamente comentárselo su marido», con quien en esos momentos convivía.
La Sala de lo Civil y Penal reconoce que la sentencia que condenó al exmarido de Oltra por estos abusos está pendiente de que se resuelva un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que no le impedirá entrar a valorar los delitos imputados por el Ministerio Fiscal, ya que «en definitiva se refiere sencillamente a impedir una investigación y a no dar a la menor la debida protección que su particular posición les imponía».
LAS REACCIONES
Las reacciones de los partidos políticos a la imputación de Oltra no se han hecho esperar mientras el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha manifestado su respeto a la justicia, ha expresado su voluntad de que esto «se esclarezca y que finalmente se tome la decisión que sea más justa» y ha afirmado que no afectará al pacto del Botànic que conforman el PSPV, Compromís y Unides Podem.
Desde el PPCV, su presidente, Carlos Mazón, ha dicho que espera que Oltra «no llegue a mañana» siendo portavoz, vicepresidenta del Consell y responsable de la tutela de los menores valencianos, y les ha recordado a ella y a Puig que llevan «muchos años» diciendo que una cosa son las responsabilidades judiciales y otra «la ejemplaridad política», por lo que espera que ambos actúen en «coherencia» con eso.
Ciudadanos ha pedido su destitución «fulminante», e incluso la líder nacional de este partido, Inés Arrimadas, ha afirmado que «ya basta» y que su situación es «absolutamente insostenible».
Por el contrario, la coportavoz de Compromís Àgueda Micó ha expresado el «apoyo incondicional» de la coalición a Oltra y ha afirmado que no permitirá que una querella presentada por la extrema derecha impida seguir trabajando por mejorar la vida de las personas.
Oltra no se ha pronunciado de momento sobre esta decisión judicial, aunque los viernes comparece en rueda de prensa tras el pleno del Consell y tendrá que responder a las preguntas que se le formulen al respecto.
Los abusos por los que el exmarido de Oltra fue condenado a cinco años de prisión en diciembre de 2019 se produjeron a finales de 2016 y principios de 2017. La menor los comunicó a una trabajadora del centro de menores en febrero de 2017, si bien hasta cuatro meses después, cuando la chica lo comentó a un Policía que acudió al centro por otro motivo, no se trasladó a la Fiscalía.