viernes, marzo 29, 2024
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OID, los cupones «piratas» que indignan a la ONCE

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ME FALTA: MÁS SOBRE EL DIONISIO ESTE (EPRESAS, VIVIENDA, ETC). TAMBIÉN SOBRE PROPIEDADES, ETC DE LA OID.

 

Con un ‘ejército’ de casi 3.000 vendedores repartidos en 49 de las 50 provincias españolas, la OID (Organización Impulsora Discapacitados) imprime cada día cerca de 20.000 cupones en una imprenta clandestina, ya que nadie de la organización desvela su localización por miedo a que sean requisados. Afirman que no quieren lucrarse con su actividad y que sólo buscan generar empleo y oportunidades para los discapacitados, pero existe una sentencia de la Audiencia Nacional que manifiesta que la labor de la OID es ilegal. Sabedores de que están bajo la lupa mediática y judicial, publican en su página web cada resolución ganada en los juzgados. Las denuncias de algunos de sus vendedores y de gente que ha sido premiada en su sorteo se acumulan en las instancias judiciales por todo el territorio nacional.

Detrás de todo este entramado “alegal”, como así lo definen algunos trabajadores de la propia organización, se encuentra Dionisio González, presidente y propietario de muchas empresas relacionadas con la actividad de la OID. Natural de Alberche del Caudillo, González cuenta con una gran popularidad entre sus vecinos. No es para menos, sí se tiene en cuenta que una gran mayoría del pueblo trabaja para él o y otros muchos han sido agraciados en uno de sus sorteos, ¿¿¿según quién??? (Según un reportaje de Equipo de Investigación, la Sexta).

La OID, una organización no reconocida por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) nace en el año 1989 con el objetivo de “ofrecer la posibilidad a miles de personas con algún tipo de discapacidad a que se inicien en el mundo laboral y tengan una estabilidad que, a su vez, sirva para poder vivir dignamente con un salario justo y para demostrarse a sí mismo y a la sociedad que las personas discapacitadas no están incapacitadas” (FUENTE???) (Según reza su página web). Pero en la actualidad, el propio González ha reconocido que a día de hoy entre sus más de 3.000 vendedores ya se encuentran personas que no sufren ningún tipo de discapacidad.

Una copia barata de la ONCE

La principal actividad de esta organización se centra en la venta de sus cupones a pie de calle. Su apariencia física se asemeja mucho a los de la ONCE. Tal vez la única diferencia se encuentre en el precio ya que el boleto de la OID cuesta sólo un euro, lo que supone un ahorro de 50 céntimos respecto al de la ONCE. Precisamente es esta última organización la que ha emitido más denuncias contra González y su equipo por “competencia desleal”. La Organización Nacional de Ciegos Españoles acusa a González de aprovechar su sorteo, que tiene un coste de producción de nueve millones de euros al año, para elegir el boleto ganador de su particular lotería. Por su parte, la OID afirma que la ONCE “muy lejos de admitir la más sana, justa y necesaria competencia en el juego benéfico, nos denuncia en los juzgados por toda España”.

Ante los focos de la Justicia, el sorteo de la OID es cuanto menos alegal. De hecho, la ley sólo autoriza la Lotería y Apuestas del Estado y a la ONCE a organizar sorteos de ámbito estatal. Aunque esta no es la única sombra que se cierne sobre esta rifa. Investigaciones policiales han llegado a la conclusión de que la Organización Impulsora de Discapacitados es la responsable de que casi el 80% de los números no se impriman ni se vendan. Este hecho rebaja sustancialmente las posibilidades de acierto de los participantes, según la opinión de expertos estadísticos. EXPLICAR MEJOR 

Una estafa

De todos modos, que disminuya el porcentaje de acierto no es algo que parezca influir mucho en la actividad del día a día de la OID si se atiende a la gran cantidad de denuncias que acumula en el juzgado, muchas por impago a personas que han sido agraciadas con uno de sus boletos. Este es el caso de José Muñoz, discapacitado por doble amputación de sus manos, ex vendedor de la OID y ganador de un premio de 125.000 euros en 2005. Un dinero que su propia organización se negó a otorgarle tras ser acusado de estafa. Dionisio González alegó que los boletos agraciados habían sido devueltos porque el vendedor no había conseguido venderlos el mismo día del sorteo. Muñoz inició entonces una batalla legal para demostrar que él había adquirido el boleto antes de que se celebrase la rifa y que por lo tanto era el legítimo propietario de ese premio. En 2011, seis años después de resultar ganador, la Justicia falla a su favor y obliga a la OID a pagarle todo el importe económico.

Todo parecía solucionado, hasta que en 2014 este discapacitado recibe una sanción administrativa por parte de la Agencia Tributaria y le obliga a pagar 72.000 euros en concepto de las cantidades cobradas del premio de la OID. Algo que el afectado no entiende porque afirma que a él quien le pago fue su abogado, a quien a su vez le había pagado el juzgado. Además ve desmesurada la multa económica, un 60% de los 125.000 euros, teniendo en cuenta que ya sólo su abogado se llevó un tercio del premio. En la actualidad, Hacienda embarga 450 euros cada mes de la nómina de Muñoz como trabajador de la ONCE, organización a la que pertenece desde 2006. ESTE PROBLEMA CON HACIENDA DESPIESTA DE LA HISTORIA PRINCIPAL (Es el denunciante de la historia)

Pero la falta de seriedad no sólo afecta a la entrega de los premios. Durante el poco más de cuarto de siglo de vida de la OID han sido muchas las personas que se han sentido engañadas o estafadas por Dionisio González. Entre ellas, esá Samuel Grau, un joven de Callosa de Segura (Alicante) que ha vivido postrado en una silla desde su niñez al sufrir amiotrofia espinal. Grau se vio obligado a trabajar como vendedor en la OID debido a la falta de ingresos que sufría su familia, después de que la ONCE lo rechazara en su organización. Con mucho esfuerzo logró cobrar hasta un total de 30 euros al día, pero esto no era suficiente para costearse una silla eléctrica que hiciera su día a día más fácil.

La OID, de una manera altruista, se ofreció a costear la silla a Grau. Para ello sólo puso como condición que el propio interesado lograra reunir 500.000 cupones no premiados. Finalmente y gracias a la ayuda de sus familiares, amigos y vecinos de la localidad valenciana Grau alcanzó el objetivo. Tras varios meses sin contestación en los que la OID hizo oídos sordos a las llamadas y mensajes de Grau, la organización se negó a comprar la silla eléctrica porque entendía que era demasiada cara. A pesar de ello, la familia del joven valenciano se ofreció a pagar la diferencia, pero González y su equipo volvieron a desentenderse de la causa y dejaron en la estocada a uno de los discapacitados que tanto afirman defender.  

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