¿Construir un único almacén temporal o siete almacenes para residuos nucleares?. La hoja de ruta a largo plazo para la gestión de desechos radioactivos acoge ambas alternativas, lo que ha generado controversia entre los actores implicados en el panorama nuclear. La polémica está servida.
El Gobierno presentó días atrás el borrador del Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (7ºPGRR), que contempla, entre otros puntos, la puesta en marcha de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para el combustible gastado y residuos de alta actividad o siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD), ubicados en las centrales, y con una instalación para el mantenimiento del combustible gastado.
Ambas propuestas también ofrecen costes distintos. Según estimaciones del Gobierno, en el periodo 1985-2100 -incluido la desmantelación de todas las centrales y la gestión de los residuos- construir un solo cementerio nuclear ascendería a 24.435 millones de euros, mientras que optar por siete almacenes repartidos por España ascendería a 26.560 millones de euros.
De acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en España hay siete reactores nucleares activos, situados en cinco emplazamientos: Almaraz I y Almaraz II (Cáceres), Ascó I y Ascó II (Tarragona), Cofrentes (Valencia), Trillo (Guadalajara) y Vandellós (Tarragona), además del centro de residuos radiactivos de muy baja, baja y media actividad de El Cabril (Córdoba).
Para Héctor Dominguis, presidente de la Sociedad Nuclear Española (SNE), «ambas soluciones son técnicamente viables». Lo que se ha estado haciendo desde el inicio de la operación de las centrales es almacenar el combustible en los emplazamientos, primero en las piscinas de combustible y ahora también en los Almacenes Temporales Individualizados.
Para el presidente de la SNE, la gestión técnica del combustible gastado de las centrales es un «tema resuelto», que tiene previsto avanzar con el Almacén Temporal Centralizado (ATC) y en el que la centralización de materiales a almacenar permite «optimizar todos los esfuerzos e inversiones en seguridad, vigilancia e investigación».
A su juicio, una instalación como esta brinda la oportunidad de potenciar el I+D para la mejora de posibles tecnologías de gestión de residuos de alta actividad y representa un motor económico y de empleo para la zona donde se encuentra, tal y como ocurre en otros países de Europa, como por ejemplo Holanda.
«La paralización del proyecto del ATC responde a criterios políticos, no técnicos», ha asegurado Dominguis.
Desde el ecologismo, Meritxell Bennasar, de Greenpeace, ha señalado que, su prioridad, «es el cierre progresivo de las nucleares; para los residuos no hay solución, solo parches que pueden funcionar durante algún tiempo, pero hablamos de residuos que generarán actividad durante miles de años».
Bennasar ha precisado que, a día de hoy , como no hay una solución perfecta para los residuos, «lo menos malo sería construir 7 almacenes», uno en cada una de las plantas existentes porque así se evitaría el peligroso transporte de residuos de alta actividad entre zonas pobladas.
Si se construyen almacenes individualizados en las plantas se evitará el transporte, ha observado la experta para hacer hincapié en que se trata de la solución menos mala porque, en aras de una justicia social, «no es justo» que la población que ha aguantado una central cerca de su vivienda ahora tenga que soportar un almacén de residuos.
«Una solución a gusto de todos y buena no existe», ha incidido Bennasar.
Desde la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (Amac), han explicado que la evaluación ambiental estratégica del Plan sugiere implícitamente «la apuesta del Gobierno por almacenar dichos residuos en siete almacenes temporales descentralizados en lugar de un ATC», dentro del cambio de estrategia política iniciado el pasado verano, cuando se anunció la construcción de nuevos almacenes individualizados.
De esta manera, se dispersan los residuos nucleares por todo el país, decisión rechazada por AMAC y que se tomó “sin consultar a los municipios afectados y sin un acuerdo general entre el Estado y los municipios para la gestión de los residuos radiactivos”, por lo que apuesta por la «única estrategia válida»: la construcción de un Almacén Geológico Profundo (AGP).
Por ello, ha afirmado que «únicamente apoyará estrategias dirigidas a la implantación de esta solución definitiva y segura, que es la única que garantiza que la temporalidad de los almacenamientos intermedios sea una temporalidad realmente tasada».