Unos hechos por los que se sentará por décima vez en el banquillo de los acusados desde que fue entregada por Francia en 2019, y por los que la Fiscalía pide una pena de 80 años de prisión.
Con largas condenas a sus espaldas, en esta ocasión está acusada de haber sido quien accionó a distancia el artefacto explosivo que mató a los dos policías y la Fiscalía pide que se la condene a un delito de atentado con finalidad terrorista y con resultado de muerte, otro de asesinato con finalidad terrorista y un tercero de asesinato frustrado.
En sus conclusiones provisionales, el fiscal señala que Anboto, cuando era integrante del comando Araba de ETA, «participó en la preparación de un artefacto explosivo», una bomba compuesta por unos 36 kilos de amonal y unos 40 de metralla, y la acusada, «junto con el resto de miembros del comando», la ubicaron en una carretera de acceso a la citada fuente.
«La acusada era consciente de que con dicha acción podía ocasionar la muerte de cualquier otra persona que se encontrara en las inmediaciones, y desperfectos en los bienes a los que alcanzare la onda expansiva, lo que asumió», destaca el escrito del fiscal.
En ejecución de lo planeado, sobre las 15.50 horas del 6 de agosto de 1987, cuando circulaba por dicho punto el vehículo policial ocupado por los miembros del Cuerpo Nacional de Policía Antonio Ligero y Rafael Muciente, «la acusada accionó a distancia el artefacto haciéndolo explosionar, resultando muertos los dos miembros del citado Cuerpo».
Además, como consecuencia de la explosión, sufrió lesiones Obdulia Vega Solac, de las que tardó en curar 63 días, y hubo numerosos desperfectos.
La histórica exdirigente de la banda terrorista ha llegado a acuerdos de conformidad en algunos de sus juicios, como en el que estaba acusada de ordenar el asesinato del rey Juan Carlos en la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao en 1997, en el que aceptó una condena de 15 años de prisión. EFE