martes, noviembre 29, 2022

El Gobierno respeta la decisión de la justicia británica sobre el rey emérito

Gijón (Asturias), 24 mar (EFE).- La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha afirmado este jueves que el Gobierno respeta la decisión que ha adoptado la justicia británica de no aceptar la inmunidad del rey emérito, Juan Carlos I, a la vez que ha recordado que los asuntos que tenía pendientes en España han sido archivados por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Llop ha hecho estas declaraciones en Gijón (Asturias) después de que el Tribunal Superior de Londres haya dictado este jueves que Juan Carlos I no tiene inmunidad legal en el Reino Unido tras su abdicación y por tanto procede la demanda por acoso interpuesta en su contra por Corinna Larsenn.

La ministra ha afirmado que el Ejecutivo central respeta las decisiones que adoptan los sistemas judiciales extranjeros en el ámbito de sus propios procedimientos judiciales y procesales, y que la decisión en materia de estrategia de defensa que tenga que adoptar el rey emérito la tendrá que anunciar su propia defensa.

Los asuntos que tenía pendientes en España han sido archivados por la fiscalía, ha recordado Llop, que ha indicado que el Gobierno también respeta las decisiones del Ministerio Público.

Preguntada por la muerte del exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán, Llop ha afirmado que protagonizó “uno de los asuntos más graves de corrupción que se vivieron en España en los años 90” que soliviantó a toda la ciudadanía, en un caso por el que fue condenado por malversación de fondos públicos, cohecho, fraude fiscal y estafa.

La ministra ha afirmado que en la actualidad el gobierno tiene un “serio compromiso” de lucha contra la corrupción y en favor de la regeneración democrática y las instituciones limpias, algo que en el caso del Ministerio que encabeza se plasma en la elevación al Consejo de Ministros de la transposición de la directiva europea que protege al informante de corrupción.

Esta transposición permitirá abrir cauces de denuncia y adoptar medidas de protección de los denunciantes y contempla la creación de una nueva oficina de denuncias. EFE

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