El Departamento vasco de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales está desestimando las peticiones de miembros de las FSE como víctimas de motivación política porque sus casos, haber sido víctimas de ETA, no se corresponden con violaciones de derechos provocadas «por abuso de poder o uso ilegítimo de la violencia estatal».
El Ejecutivo de Vitoria ha recibido 1.220 peticiones de reconocimiento, por ley, como víctimas de vulneraciones de derechos por violencia de motivación política entre 1960 y 1999, y una cuarta parte de ellas, unas 300, son guardias civiles.
En sus dictámenes la comisión de valoración de estas solicitudes recuerda que el espíritu de la ley de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el Contexto de la Violencia de Motivación Política es amparar violaciones de derechos humanos con «origen en la intervención de funcionarios públicos o particulares que, de alguna manera, han contado con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado o de instancias públicas».
«Discriminar y segregar a estas víctimas (de las FSE) en una norma que pretende la reparación de todos aquellos que vieron sus derechos vulnerados en aquellos años supondría la comisión de una injusticia más», ha dicho en una nota el secretario de Comunicación de Jucil, Agustín Leal.
Ha considerado además que «no tendría mucho sentido» que «solo unos días después» de que la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, calificara de «intolerable» el sufrimiento de los guardias civiles y policías nacionales en Euskadi mientras ETA estuvo activa, «de nuevo se volviese a abandonar» a estos agentes y sus familias.
«Es importante que el Gobierno Vasco distinga el sufrimiento que vivieron los guardias civiles y sus familias» por parte de ETA o su entorno», ha afirmado Jucil, asociación mayoritaria del instituto armado. EFE
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