Así lo mantiene la juez en el auto, al que ha tenido acceso Efe este martes, por el que el pasado mes de diciembre acordó levantar el secreto de sumario del caso y rechazó la petición de los Mossos d’Esquadra para mantener las intervenciones telefónicas a los investigados.
Según la magistrada, que investiga delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental y contra la administración pública, de las escuchas se deducen «elementos de sólida corroboración de las irregularidades presupuestarias y contables» en la relación entre la Dirección General de Prevención y la empresa sevillana Iturri S.A., adjudicataria del servicio de mantenimiento de los vehículos de Bomberos.
Concretamente, la juez apunta a una «mecánica irregular» en esos expedientes: la Dirección General de Prevención continuaba con la ejecución del presupuesto de Iturri una vez este se había agotado, «acumulando la deuda con la empresa para compensarla en el siguiente contrato».
«Evidentemente, la gestión del presupuesto y del gasto del dinero público se revela tan irregular y permanente en el tiempo que puede afirmarse -ahora ya con sólidos indicios- que podría ir mas allá de una mera infracción administrativa», sostiene la juez.
Esa conducta, «al parecer conocida por muchas personas y aceptada quizá por ser reiterada en el tiempo, puede exceder de la mera negligencia», añade el auto, que recuerda que «el hecho de repetir una acción fraudulenta -sabiendo que lo es- no legaliza la misma».
No obstante, la juez cree que de las conversaciones intervenidas no se desprende «ningún indicio de que medie una posible compensación dineraria o de cualquier otra naturaleza por parte de Iturri en favor de los funcionarios implicados en las ya expuestas irregularidades».
Para la juez, dado que las irregularidades se extienden a lo largo del tiempo «deberían haberse producido multitud de compensaciones a multitud de personas y durante 20 o 14 años, lo cual dibuja una situación poco plausible en la que Iturri abona dinero u otro tipo de compensación continuamente a una cantidad ingente de funcionarios, algunos de ellos permanentes en su cargo pero otros mucho cambiantes».
En ese sentido, recuerda que los investigados «se imputan los unos a los otros el control de una situación presupuestaria y contable que se acepta como carente de legalidad, pero en ningún momento se advierte ningún indicio de ánimo de lucro o de beneficio personal».
Tampoco ve indicios la juez de que el proceso de licitación del servicio pueda estar «manipulado o afectado de alguna manera» con el fin de que la empresa Iturri resulte adjudicataria de los contratos. EFE
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